Para mayor claridad, hemos confeccionado lo que se podría denominar "el decálogo de la corrupción", unos "mandamientos" que se deducen de lo que sus mismos protagonistas manifiestan en las grabaciones que se han hecho públicas.
Primero: "Todo empresario que quiera emprender cualquier proyecto en el que la Junta de Andalucía deba intervenir vía subvenciones o concesiones deberá pagar una cantidad a las personas que la Junta designe proporcional a la cantidad recibida o a las que queden por percibir en el futuro". Puede considerarse un impuesto "revolucionario" sobre todo proyecto, de cualquier índole y en cualquier organismo de la Junta. "Siempre hay un porcentaje que va a obras sociales". El máximo conocido de la "mordida" puede ser incluso el 50 por ciento de la subvención concedida.
Segundo: "La Junta no dice nunca a dónde va a parar ese dinero ni se sabe quién de la Junta da las órdenes para proceder cómo se procede".
Tercero: "Realmente, todos saben que no es la Junta, sino el PSOE el que al final se lleva los fondos pero no se sabe cómo." Por ejemplo, si se dice que el dinero es para obras benéficas a los niños saharauis, puede considerarse que lo mismo el dinero es para las campañas de Felipe González.
Cuarto: "Así te portes con la Junta en el pago de las comisiones corruptas, así se portará la Junta contigo, si bien las garantías no constarán nunca por escrito."
Quinto: "En el caso de que alguna empresa o entidad no comprenda los intereses de la Junta, debe recordar de manera inmediata la cantidad de expedientes de regulación de empleo que afectan a las empresas". Por si fuera poco, en el caso de que no colabore la Junta de Andalucía la podrá quitar del listado de las subvenciones donde estuviera inscrita a pesar de sus méritos y cumplimiento de los requisitos.
Sexto: "Las entregas se hacen en maletín cerrado y en billetes de circulación oficial."
Séptimo: "Las entregas a la Junta serán en negro y no pueden contabilizarse mediante ningún apunte contable por lo que, además de la extorsión, se impone a los afectados el cometer fraude fiscal".
Octavo: "Las subvenciones de la Junta no tienen ya como exigencia ninguna inserción laboral de ningún tipo". O sea, ni siquiera se conceden a cambio de crear empleos, sino a cambio de dinero para "gente" anónima y desconocida de la Junta.
Noveno: "Si los proyectos no funcionan o no se hacen del todo, la Junta no intervendrá porque ya estará todo incluido en presupuestos" que, por cierto, "se hacen como se hacen".
Décimo: "En todas esas negociaciones se admiten conseguidores como en los Expedientes de Regulación de Empleo", a los que hay que pagar comisiones que deben considerarse legales".
Y una última pregunta: de ser así el funcionamiento habitual de la Junta de Andalucía desde 1982, ¿cuál podría ser la cantidad de millones acumulados y a dónde o a quiénes se ha destinado? Si en una simple operación de adjudicación de una Escuela de Hostelería en Mercasevilla, el precio de la comisión ha sido de 300.000 euros, es decir, 50 millones de pesetas y sospechando que el número de operaciones similares se deben contar por miles, ¿cómo es posible ocultar los miles y miles de millones de pesetas que habrán sido defraudados al Estado porque los pagos son, al parecer, en dinero negro?