El Comité de Portavoces del Partido Popular reunido en Sevilla y presidido por Mariano Rajoy exige al presidente del Gobierno soluciones para la grave crisis que está atravesando España y que ha provocado que haya más de tres millones y medio de parados en nuestro país.
Ante esta grave situación, el Partido Popular reclama un cambio total y absoluto de la política económica española, ya que el balance en este primer año de legislatura se ha saldado con un enorme fracaso en términos de empleo y bienestar de los españoles.
Hasta hace bien poco el Sr. Rodríguez Zapatero ha preferido ignorar la realidad que está sufriendo nuestra economía, y la única línea de actuación planteada ha sido un crecimiento del gasto público sin precedentes y un aumento de la deuda pública como nunca se había producido en nuestro país. Ése es el camino equivocado.
Ante esta grave situación, el Comité de Portavoces del Partido Popular suscribe el plan de anticrisis presentado por el presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, y que propone las siguientes reformas estructurales: un plan de austeridad de las administraciones públicas, la reestructuración del sistema financiero, una reforma fiscal para rebajar los impuestos a las PYMES y las familias, la reforma laboral, la actualización del pacto de Toledo, reformar el modelo energético, mejorar la competitividad de la economía española, la recuperación de la unidad de mercado, la reforma educativa, un acuerdo por la consolidación y modernización del sistema del bienestar, reformar las administraciones públicas para hacer un Estado viable y eficaz y la reforma de la justicia.
El Comité de Portavoces del Partido Popular denuncia que ante la grave situación económica que atraviesa el país, el Gobierno se muestra incapaz de realizar una propuesta completa y concreta para la reforma del sistema de financiación autonómica.
Una propuesta sobre la que sea posible trabajar, cuantificar sus resultados y negociar. Y, sobre todo, el Gobierno nunca ha definido los objetivos políticos que pretende con esta negociación, qué beneficios generarán a los españoles y de qué manera el nuevo modelo de financiación autonómica puede ayudar a salir de la crisis económica. El único objetivo evidente es el tacticismo a corto plazo del Gobierno para mantener sus apoyos políticos.
Por todo lo expuesto, el Comité de Portavoces del Partido Popular exige al Gobierno de la nación los siguientes puntos como elementos comunes de su posición en la revisión del modelo de financiación autonómica:
1.Tanto el modelo de financiación como su negociación han de ser transparentes y no arbitrarios.
La propuesta del Gobierno va variando cada semana que pasa. Incluso lo presentado por escrito tiene una duración limitada. Ésta es sin duda la peor forma de negociar.
Hasta ahora el Gobierno ha mostrado en sus formas escasa voluntad de acuerdo.
Además, el Gobierno no está realizando los mismos planteamientos a cada Comunidad Autónoma, ni en las negociaciones que está llevando a cabo con el Partido Popular.
Es imprescindible empezar a trabajar con una propuesta inicial, completa y concreta con la que se puedan cuantificar sus efectos. Esta propuesta debe ser conocida por todos al mismo tiempo y negociada de forma multilateral.
El foro para hacerlo es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y como fue reiterado en la declaración del Comité Autonómico del Partido Popular en la declaración de San Millán de la Cogolla.
Y, por supuesto, el nuevo modelo debe aprobarse por unanimidad.
La actual propuesta de tres, cuatro o cinco fondos es muy confusa, opaca y puede dar lugar a todo tipo de arbitrariedades. El modelo de financiación autonómica debe servir para garantizar la financiación de los servicios básicos del sistema de bienestar, y no para garantizar apoyos políticos al Gobierno
2.El Partido Popular considera inaceptable que el nuevo modelo castigue la rebaja de impuestos y premie su subida.
Tal y como está definido el Fondo de Competitividad, las Comunidades Autónomas que suban los impuestos recibirán una parte mayor del fondo, mientras que las que los bajen reducirán su participación.
Una medida de esta naturaleza, que incentiva el aumento de impuestos a los ciudadanos, ha de ser retirada de la propuesta si se quiere contar con el apoyo del Partido Popular.
El aumento de impuestos agrava la crisis, empeora la situación económica de los hogares, desincentiva la inversión, la creación de empresas y de puestos de trabajo, empeora la situación competitiva de la economía española y deteriora la situación financiera de las empresas, especialmente las PYMES y los autónomos.
Asimismo, el Partido Popular considera que tampoco existe margen para una subida de impuestos en el ámbito estatal. Por las mismas razones, prolongaría más la crisis económica y no resolvería ninguno de los problemas económicos de nuestro país.
Además, el Sistema otorga a las CC.AA. más capacidad normativa, pero sólo para subir impuestos.
Todo lo anterior conforma la posición común del Comité de Portavoces del Partido Popular en la actual negociación del modelo de financiación autonómica, junto con las bases aprobadas en la declaración de San Millán, especialmente en lo referido al respeto a la Constitución, la aplicación del principio de generalidad que incluya la dependencia, la suficiencia, la solidaridad y el tratamiento específico para las Ciudades Autónomas.
En las circunstancias actuales de la economía española, resulta prioritario sanear nuestro sistema bancario si deseamos volver pronto a un crecimiento económico creador de empleo. Sin dicho saneamiento, el crédito bancario no volverá a las PYMES y a los autónomos, agravando la crisis del paro que ya está resultando especialmente dura. A estos efectos, una intervención en las entidades bancarias, que conlleva el uso de abundantes recursos públicos, ha de realizarse con plena transparencia y control parlamentario, evitando la injerencia de intereses políticos en las decisiones de saneamiento. Todo el proceso, que no puede demorarse, debe quedar condicionado a la restauración del crédito a familias y empresas.
España necesita una nueva política económica para recuperar la confianza y volver al modelo de crecimiento económico generador de empleo que significa más bienestar y progreso para los españoles.