L D (EFE) Según fuentes jurídicas, la Euro-orden no puede aplicarse cuando se tramita un procedimiento de extradición, pero en este caso, al no haberse pronunciado las autoridades de Bélgica sobre esta reclamación, se ha decidido aplicar la ley que ha permitido las detenciones.
La pareja está acusada de alojar durante una semana en su domicilio en la localidad de Sopelana (Vizcaya) a los miembros del "grupo Vizcaya" Juan Ramón Rojo y Kepa Urra Guridi, quienes durante el tiempo que permanecieron en esta casa supuestamente llegaron a cometer dos asesinatos. Moreno Ramajo y García Arranz fueron detenidos por primera vez en Bruselas el 14 de junio de 1993 en Bruselas, después de que las autoridades españolas alertaran sobre su presencia en el país comunitario, por lo que habían cursado una orden de búsqueda y captura.
Los etarras se encontraban en paradero desconocido desde que en enero de 1992 huyeron del País Vasco cuando la Policía los buscaba por su presunta participación en labores de apoyo al "grupo Vizcaya". Tras su detención, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno cursó al Ministerio de Justicia la petición para reclamar a las autoridades belgas su extradición. Sin embargo, los dos detenidos pidieron asilo político y la solicitud fue admitida a trámite en Bélgica el 4 de noviembre de ese año y el 8 de diciembre el tribunal de Primera Instancia belga encargado del caso ordenó la excarcelación de la pareja.
Por este motivo, los entonces ministros de Interior y Justicia, Antonio Asunción y Juan Alberto Belloch, respectivamente, formaron un "frente común" durante la reunión que en diciembre de 1993 mantuvieron los ministros europeos de estos departamentos y vetaron la legislación sobre derecho de asilo en la Unión Europea. El 8 de febrero de 1994, el comisario general de refugiados y apátridas del Reino de Bélgica, M.E. Bossuyt, denegó el estatuto de refugiado político solicitado por los presuntos colaboradores de ETA, acuerdo que, tras varios recursos, fue confirmado el 12 de enero de 1996. A raíz de esa decisión, Moreno y García fueron de nuevo encarcelados y en marzo de 1996 el Consejo de Estado belga rechazó la extradición del matrimonio, alegando defectos de forma en la petición española, decisión que fue recurrida. Finalmente, el 8 de octubre de 1996, el Gobierno belga retiró la orden de extradición, aún pendiente de un recurso, en una decisión destinada a facilitar la aplicación futura del Convenio de Extradición de la Unión Europea (UE).
La revocación de la orden propició que Moreno y García quedaran libres de procedimientos frente a la Justicia belga y pudieran seguir residiendo legalmente en Bélgica. Bruselas intentó así evitar que la aplicación en este caso del Convenio de Extradición de la UE entrara en conflicto con una eventual decisión favorable a Moreno y García del Consejo de Estado belga. Gracias a esta determinación, las relaciones judiciales y diplomáticas entre España y Bélgica mejoraron y, el 15 de octubre de 1996, el Gobierno español autorizó la extradición a Bélgica de dos personas acusadas de sendos delitos de asesinato y robo, siendo las primeras que se concedían a este país desde el incidente con la reclamación de los dos presuntos colaboradores de ETA.
La pareja está acusada de alojar durante una semana en su domicilio en la localidad de Sopelana (Vizcaya) a los miembros del "grupo Vizcaya" Juan Ramón Rojo y Kepa Urra Guridi, quienes durante el tiempo que permanecieron en esta casa supuestamente llegaron a cometer dos asesinatos. Moreno Ramajo y García Arranz fueron detenidos por primera vez en Bruselas el 14 de junio de 1993 en Bruselas, después de que las autoridades españolas alertaran sobre su presencia en el país comunitario, por lo que habían cursado una orden de búsqueda y captura.
Los etarras se encontraban en paradero desconocido desde que en enero de 1992 huyeron del País Vasco cuando la Policía los buscaba por su presunta participación en labores de apoyo al "grupo Vizcaya". Tras su detención, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno cursó al Ministerio de Justicia la petición para reclamar a las autoridades belgas su extradición. Sin embargo, los dos detenidos pidieron asilo político y la solicitud fue admitida a trámite en Bélgica el 4 de noviembre de ese año y el 8 de diciembre el tribunal de Primera Instancia belga encargado del caso ordenó la excarcelación de la pareja.
Por este motivo, los entonces ministros de Interior y Justicia, Antonio Asunción y Juan Alberto Belloch, respectivamente, formaron un "frente común" durante la reunión que en diciembre de 1993 mantuvieron los ministros europeos de estos departamentos y vetaron la legislación sobre derecho de asilo en la Unión Europea. El 8 de febrero de 1994, el comisario general de refugiados y apátridas del Reino de Bélgica, M.E. Bossuyt, denegó el estatuto de refugiado político solicitado por los presuntos colaboradores de ETA, acuerdo que, tras varios recursos, fue confirmado el 12 de enero de 1996. A raíz de esa decisión, Moreno y García fueron de nuevo encarcelados y en marzo de 1996 el Consejo de Estado belga rechazó la extradición del matrimonio, alegando defectos de forma en la petición española, decisión que fue recurrida. Finalmente, el 8 de octubre de 1996, el Gobierno belga retiró la orden de extradición, aún pendiente de un recurso, en una decisión destinada a facilitar la aplicación futura del Convenio de Extradición de la Unión Europea (UE).
La revocación de la orden propició que Moreno y García quedaran libres de procedimientos frente a la Justicia belga y pudieran seguir residiendo legalmente en Bélgica. Bruselas intentó así evitar que la aplicación en este caso del Convenio de Extradición de la UE entrara en conflicto con una eventual decisión favorable a Moreno y García del Consejo de Estado belga. Gracias a esta determinación, las relaciones judiciales y diplomáticas entre España y Bélgica mejoraron y, el 15 de octubre de 1996, el Gobierno español autorizó la extradición a Bélgica de dos personas acusadas de sendos delitos de asesinato y robo, siendo las primeras que se concedían a este país desde el incidente con la reclamación de los dos presuntos colaboradores de ETA.