L D (Agencias) En un escrito remitido este jueves al Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga la posible sumisión de Batasuna a ETA mediante la actividad de sus 'herriko-tabernas', Dignidad y Justicia pide a Garzón que libre los oficios oportunos a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que "a la mayor urgencia" se emitan informes sobre el acto previsto en el BEC, cuya reserva ha sido efectuada por el ex miembro de la Mesa Nacional proetarra Karmelo Landa "para la celebración de una asamblea general de Batasuna", según denuncia esta parte.
A juicio de la DyJ, personada como acusación popular en esta causa, el acto que pretende celebrarse el próximo 31 de marzo en Bilbao es idéntico, tanto en sus formas como en su desarrollo, a otro que en su día fue convocado por Batasuna-ETA y prohibido en cumplimiento del auto por el que se acordó prorrogar suspensión de actividades de esta formación política, dictado el 17 de enero de 2006 por el juez Fernando Grande-Marlaska, que sustituía a Garzón durante su año de estudios en Estados Unidos.
Esta parte aporta al juzgado información recogida en diversos medios de comunicación donde se anuncia esta convocatoria como una acto del entorno de ETA, "tratando de este modo disfrazar bajo la nueva signatura la continuación de la actividad del grupo ilegalizado".
DyJ añade que "la sustitución de emblemas y marcas ha sido una constante en la andadura de Batasuna" y que en todo caso el entorno de ETA ha sido configurada por ETA "para atentar contra la paz pública y el orden constitucional, por más que ahora pretendan adoptar posiciones meramente nacionalistas que buscan el final del conflicto".
Acción Nacionalista Vasca
Por otro lado, las víctimas denuncian a Garzón que han aparecido distintas referencias a una posible actuación del partido Acción Nacionalista Vasca (ANV), que formaría parte del entramado HB-Batasuna, por lo que consideran "prudente" que se soliciten y emitan informes policiales sobre la actividad desarrollada por dicha organización y se adopten medidas judiciales para suspender sus actividades.