En la sede nacional del Partido Popular se definen "en alerta" desde el pasado domingo, cuando Patxi López asumió como propio el discurso de Jesús Eguiguren y aseguró que Sortu no es lo mismo que ETA. El presidente del PSE "ya no es un verso suelto", se escuchó decir en los pasillos de Génova.
Entonces, el portavoz Esteban González Pons daba un ultimátum: 24 horas al Gobierno para que se desmarcara del lehendakari y le devolviera a la senda de la lucha contra el terrorismo, y que versa actualmente en imposibilitar que ETA -véase a través de Sortu u otra marca- se cuele en las instituciones en las elecciones del 22-M.
Cuál fue la sorpresa cuando cumplido el plazo y en vez de conseguir esto, Francisco Caamaño se ponía del lado de López, y afirmaba: "Evidentemente" que jurídicamente la nueva franquicia de Batasuna "no es ETA". Al titular de Justicia se unían también destacados dirigentes del PSE.
Unas declaraciones que en el PP entienden como un viraje en la estrategia seguida hasta la fecha: "Es gravísimo", afirmaron fuentes de la dirección nacional, que avanzaban un discurso mucho más duro, materializado hoy por Soraya Sáenz de Santamaría.
"Las declaraciones de Caamaño son intolerables. No puede diferenciar la ley de la política", afirmó tras la Junta de Portavoces, para a renglón seguido instarle a que se leyera el informe de la Abogacía del Estado que define a Sortu como sucesora de Batasuna.
Y es que, arguyen en el bastión popular, la línea trazada por Mariano Rajoy es inamovible, y la volvió a marcar este mismo lunes ante el órgano interno más importante de la formación: ETA no puede colarse en las instituciones.
"ETA es ETA se llame como se llame" y, por lo tanto, no puede estar en ayuntamientos "ni vía Sortu, ni vía agrupaciones de electores o a través de cualquier otra vía", resumió, contundente, María Dolores de Cospedal, en la rueda de prensa al término de la Junta Directiva Nacional.
La postura del PP vasco
Una firmeza que parece languidecer en el PP vasco, donde un destacado sector apuesta por defender la alianza con el PSE hasta las máximas consecuencias. Las declaraciones de López, pese a no compartirlas "en absoluto", no tienen "por qué crear fisuras", declaró Antonio Basagoiti.
El líder de los populares vascos mantuvo la máxima de que Batasuna no se filtre en los comicios, pero rehuyó el ataque directo con el lehendakari: "Independientemente de lo que diga, lo que tiene que hacer es lo que está acordado en el acuerdo PP y PSE".
Una defensa del pacto de gobierno que defienden aún más si cabe otros dirigentes de su equipo de dirección, que creen que si el Ejecutivo hace "todo lo que pueda" para que ETA no esté el 22-M no tendría por qué romperse la alianza. Y eso, a pesar, de que los batasunos finalmente sí que acabaran sentados en los escaños municipales.
En Madrid, arguye este sector, es "muy fácil" romper el Pacto Antiterrorismo porque "ya no existe" de facto. Otra cosa es el País Vasco: "El fin del acuerdo PP-PSE traería la vuelta del PNV". Con ese miedo al regreso de los nacionalistas vascos, y con la ambigüedad del haber hecho "todo lo posible", juegan en el PP vasco. Sería, según confiesan, la última carta.
Es por ello por lo que, en vez de elevar la voz -"Eso se lo dejamos a Génova"-, han intensificado los contactos discretos, y en este sentido aseguran que el compromiso de López sigue siendo firme y que desde Interior tampoco se dan síntomas de viraje. "Mediré al lehendakari por sus hechos y actuaciones", dijo Basagoiti.
En Génova saben de este sentimiento incubado entre los suyos en el País Vasco, pero advierten: "La última palabra siempre la tendrá Rajoy".