Las contradicciones entre las declaraciones del jefe de la UCI cuando se produjo el chivatazo a ETA, José Cabanillas, y su subordinado, el inspector policial encargado de detener a la red de extorsión terrorista y el responsable de investigar el soplo Carlos Germán, son el principal motivo que ha llevado a la asociación Dignidad y Justicia –acusación popular en la causa- a solicitar al juez Pablo Ruz un careo entre ambos.

La asociación de víctimas que preside Daniel Portero señala que "son muchas las contradicciones que existen entre las declaraciones testificales" de dichos miembros policiales por lo que sospechan que uno de los dos debe estar desvirtuando la realidad de lo acontecido en torno al bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006.

DyJ indica que, según José C., el jefe de la investigación "mostró sus reticencias" a llevar a cabo la operación a partir de una llamada del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, al "despacho del juez que se hizo cargo de la instrucción", Fernando Grande-Marlaska. Según su versión, Carlos G. "vino a mostrar sus reticencias y su negativa para llevar a cabo las detenciones".

Estas declaraciones fueron contradichas por elm propio Germán, que desmintió el 17 de febrero de 2010 "las afirmaciones contenidas en el informe de su superior jerárquico y manifestó que la operación partió de él" y que "nunca podía estar en desacuerdo" con las detenciones porque él las propuso y se "peleó con el responsable del operativo en Francia por su negativa a detener a Joseba Elosúa y José Antonio Cau Aldanur".

Los vídeos claves

En el escrito de DyJ –al que ha tenido acceso Libertad Digital-, las víctimas piden también al magistrado del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional que llame a declarar como testigos a los agentes policiales encargados de las cámaras de vigilancia establecidas en torno al establecimiento de Joseba Elosúa, el cobrador de ETA, y que según el comisario Cabanillas estaban controladas por Carlos G.

La asociación de Portero quiere que los policías que formaron parte de ese dispositivo montado para detener al aparato de extorsión de la banda criminal explique si había cámaras colocadas en el domicilio de Elosúa, cuántas cámaras vigilaban el bar Faisán, la ubicación de las mismas y quienes se encargaban de la custodia de las grabaciones.

Por otro lado, y dado que Cabanillas acusó a Carlos G. de apartar a los miembros del Área de Especial Seguimiento de la Comisaría General de Información en los días previos a que se pusiera en marcha la operación contra la red de extorsión de ETA y de poner sus propias medidas de vigilancia, la acusación quiere saber los motivos por los que fueron retirados dichos policías y quién dio esa orden.

Éstas son las últimas pruebas que se han solicitado al juez después de que saltara a la luz pública que el inspector José María Ballesteros aparece en un vídeo saliendo del bar Faisán minutos después de que se produjera el soplo.

Actualmente, están imputados en la causa el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros.

Detrás la filtración policial, según el juez, podrían haberse cometido dos delitos: uno, de revelación de secretos por parte de un funcionario público y, otro de colaboración con banda armada. El primero de ellos está penado con hasta tres años de prisión, mientras que el segundo de ellos con un máximo de diez años de cárcel.