Según publica El Mundo, Antonio Choclán ha promovido un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Madrid en el que acusa al juez de la Audiencia Nacional de "introducirse ilegítimamente en la relación confidencial entre imputado y abogado".
Según Choclán, Garzón ordenó la intervención de todas las comunicaciones de Correa, incluidas las que mantuviera con su abogado, que en ese momento era Jose Antonio López. Este letrado, también fue imputado en el caso Gürtel, por considerar que podía actuar "de enlace" de la trama.
Pero cuando el 2 de Octubre Antonio Choclán sustityó a López como abogado de Correa, Garzón mantuvo – y luego prorrogó- la intervención de sus conversaciones en la prisión de Soto del Real, en Madrid. Para la defensa de Correa, esto es "simple y llanamente prevaricación" ya que el juez tenía constancia de que Choclán y Correa no se conocían con anterioridad, y era imposible atribuirle el mismo papel de "enlace" de la trama.
Por lo tanto, según Choclán "el juez que se introduce ilegítimamente en esa relación tan confidencial obtiene ventaja procesal a traición" y logra "material incriminatorio por medio del engaño". Según delcara a El Mundo, el letrado considera que "el Estado investigaría un delito por medio de la comisión de otro delito". Considera que Correa, tras haber hecho manifestaciones "de las que puede inferirse su culpabilidad, la posibilidad real de defensa de Correa en el juicio oral es ilusoria".
En su escrito al Tribunal Sueprior de Madrid, Choclán pide que declare nulas las actuaciones practicadas en el caso Gürtel a partir del 19 de febrero, día en el Garzón autorizó a interceptar "todas" las conversacioens del principal imputado de la trama.
"No puede haber caso más grave de injusticia de un proceso que la invasión del último reducto que le queda al imputado preso preventivo: la confidencialidad de las relaciones con su defensor y su observación como medio de investigación penal", que subraya que Garzón "se apoyó en un precepto legal que permite interceptar las comunicaciones entre un interno y su abogado exclusivamente en casos de terrorismo". Para Choclán, "es lisa y llanamente una prevaricación, una resolución injusta a sabiendas inaceptable en un Estado de derecho".