Hasta media docena de delitos podría haber cometido el socialista Antonio Canedo, alcalde de la localidad leonesa Camponaraya y senador por esa misma provincia, según la denuncia que ha presentado contra él Javier Folgueral, concejal popular en el mismo municipio y uno de los perjudicados directamente por la actuación del político socialista.

Según la denuncia presentada por Folgueral, Canedo podría haber incurrido en delitos de tráfico de influencias; negociaciones y actividades prohibidas a autoridades y funcionarios públicos; falsificación de documentos públicos; prevaricación; estafa; y apropiación indebida.

Los delitos agrupados en esta denuncia se habrían cometido en dos contextos diferentes: en primer lugar la operación para dejar una deuda de 600.000 euros a una empresa de Folgueral, algo que reveló al mismo concejal popular el propio secretario del ayuntamiento.

Y en segundo lugar, también se habrían cometido delitos dentro del llamado caso Begar: la controvertida operación urbanística en Camponaraya que acabó beneficiando a una empresa del polémico constructor José Luis Ulibarri, y en la que el propio alcalde se hizo con un piso en una promoción destinada a menores de 35 años, para venderlo dos años después.

En la denuncia, presentada la pasada semana, se aporta abundante documentación y se pide al juez que tome declaración al propio denunciado, a los testigos de la conversación en la que se reveló la implicación de Canedo en el impago y también a la persona que adquirió el piso del alcalde en la citada promoción.

Es de esperar que, de iniciarse los trámites judiciales, se esclarezcan acontecimientos que están elevando algo más que una sospecha no sólo sobre el propio alcalde y senador denunciado, sino sobre toda la política en la provincia, visto el silencio que los órganos directivos del Partido Popular en León están manteniendo sobre el tema.