El asesor del alcalde de Sevilla: la clave de toda la corrupción del Ayuntamiento

Para el PP, Castaño Gallego es la clave de todas las corrupciones que han tenido lugar en el Ayuntamiento de Sevilla. La operación de adjudicación de la opción de compra del suelo de Mercasevilla, concurso público en el que Sando resultó vencedora pese a presentar peor oferta —era 50 millones mejor la de Noga, de Osuna—  pudo estar orientada por Castaño, que también tuvo peso en Marcasevilla.

Precisamente, Castaño estaba presente en Urbanismo y, a la vez, era consejero en Mercasevilla en la etapa en que se elaboró el polémico pliego de condiciones para el concurso en el que, según la jueza que instruye el caso, se favoreció a Sando. 

Castaño se convierte en piedra clave del caso Mercasevilla porque compartía  reuniones con el entonces presidente de Mercasevilla, el también socialista Gonzalo Crespo —interrogado ayer por la Policía Judicial—, el vicepresidente, Antonio Rodrigo Torrijos, el vicesecretario del consejo, Jorge Piñero, uno de los imputados, o con el director, Fernando Mellet, también imputado y al que conocía desde años antes en la asociación de vecinos corrupta Unidad.

Ya en mayo de este año, el PP pidió la imputación de este ex asesor del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), por su presunta relación con el envío del fax de las facturas falsas. El PP basó su petición en dos de las declaraciones que se han producido durante la instrucción del caso, principalmente en la comparecencia del administrador de la empresa Copyur ante la Policía Judicial. Algunas de las facturas supuestamente falsas de la organización vecinal Unidad, entre ellas a la que alude el fax, eran de esta empresa de papelería.

En dicha declaración, el responsable de la empresa dijo a los agentes que Copyur mantenía relaciones comerciales habituales con Unidad, y que trataba con Josefa P.F., la «Pepi» a la que iba destinado el fax de las facturas falsas, y con Domingo Enrique Castaño. Por ello, el PP apuntó a éste como posible remitente del fax.

Además, la propia «Pepi», en su declaración como testigo ante el juez, señaló que el dinero de la factura falsa de la que se habla en el fax y que debía llevarse al Ayuntamiento sería entregado tal vez a un directivo de Unidad. Por aquellas fechas, en abril de 2002, Castaño trabajaba de asesor en el grupo municipal socialista, desde donde se remitió el fax, y era además secretario de organización vecinal. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Beltrán Pérez señaló entonces que Domingo Enrique Castaño "fue asesor del PSOE, estuvo en Unidad, en Vía Pública, en el consejo de administración de Mercasevilla... qué casualidad –denunció el dirigente popular– que donde está Domingo Enrique Castaño está la corrupción".

Además fue asesor de la sociedad Oikos 2000 SL, una empresa sospechosa en las conclusiones de la propia comisión de investigación del caso Macarena, con los votos a favor del PSOE. Entre las irregularidades detectadas a esta empresa estuvo el pago de una factura dos veces: una vez a principios de 2002 y otra a finales de ese año. Los pagos los realizó el distrito Macarena, primero con Carmelo Gómez de concejal y, después, con José Antonio García.

Dice ABC que en la  cinta grabada en la que los directivos de Mercasevilla y empresarios de La Raza hablan del pago de  una comisión de 450.000 euros, el ex director gerente de esta empresa pública, Fernando Mellet, señala a Enrique Castaño como «conseguidor». Al hacer alusión a los numerosos cátering que La Raza podría obtener si se hiciera con la Escuela de Hostelería, el principal imputado explica que "antes, cuando estaba Quique —por Enrique—, no había problemas para eso, estaría conseguido". Se recalca así la capacidad de Castaño para lograr "favores" municipales.

Castaño Gallego ha tenido relación asimismo como una de las técnicas que redactó el pliego de condiciones del concurso y ahora imputada por la Juez, María Victoria Bustamante, subordinada de Castaño en el área de Vía Pública de Urbanismo.

El abogado Castaño Gallego  fue fichado por Sando para su equipo directivo en Sevilla. Concretamente, la firma malagueña lo tiene en nómina a través de una filial, "Desarrollo Urbanístico Sevilla Este S.L.", empresa de la que es apoderado y que tiene sede en La Cartuja. El 64,5% de sus acciones son de Sando, mientras que el 24,5% pertenecen a Realia (que participó se cree que fantasmalmente en el concurso de suelo de Mercasevilla que ganó Sando presuntamente de forma fraudulenta) y el 11% a Noralia. Como representante de Sando, Castaño se reúne en el Ayuntamiento con técnicos de la Gerencia de Urbanismo, ex subordinados suyos. Precisamente, el Ayuntamiento de Sevilla adjudicó a la UTE Sando-Realia la urbanización del nuevo distrito Santa Bárbara de Sevilla.

La jueza ha solicitado a la Policía que recabe información sobre la supuesta oferta que presentó Realia al polémico concurso de venta de suelo de Mercasevilla, ya que sólo se hace mención a ella pero no existe registro documental; se investiga, de hecho, si se trató de una «oferta fantasma» para allanar más el camino a Sando, socia de Realia.