Según ha informado el consistorio donostiarra en una nota, la Comisión de Derechos Humanos del consistorio ha aprobado una declaración en la que hace suyas las recomendaciones del Relator de la ONU sobre malos tratos y torturas, con el apoyo del PSE/EE, Aralar-Alternatiba, PNV y EA, mientras que los representantes del PP han votado en contra.

En el comunicado la teniente alcalde y portavoz de Aralar-Alternatiba, Ainhoa Beola, miembro de la citada comisión, ha explicado que la corporación ha hecho "un gran esfuerzo para buscar el consenso y acercar posturas en torno a este documento".

Beola ha aclarado que esta declaración institucional surge a raíz de una denuncia de torturas y malos tratos formulada por escrito ante el Ayuntamiento por un grupo de familiares de jóvenes detenidos en San Sebastián el 24 de noviembre de 2009 por orden de la Audiencia Nacional y tras haber escuchado a sus familiares en la Comisión de Derechos Humanos celebrada en enero.

Estos jóvenes forman parte de las 34 personas que fueron arrestadas entonces por la Policía y la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra, en una actuación desarrollada a partir de la documentación incautada al presunto ideólogo de ETA Ekaitz Sirvent y que citaba como las "luchas prioritarias" de Segi el tren de alta velocidad (TAV), el "modelo educativo", la "especulación inmobiliaria" y la construcción del "Estado vasco".

A través de este texto, el consistorio donostiarra hace suyas las recomendaciones 62 y 63 del Relator de la ONU sobre la protección de los derechos humanos y las libertades en la lucha contra el terrorismo. Estas recomendaciones propugnan "la completa erradicación de la detención incomunicada" y piden "que se apliquen sistemáticamente medidas de prevención de la tortura y los malos tratos, en especial mediante la vídeo-vigilancia continua de las instalaciones de detención y el examen de los detenidos por médicos de su elección".

El escrito expresa, asimismo, la condena del terrorismo de ETA y reitera "la necesidad de que las fuerzas democráticas mantengan la unidad en el objetivo de deslegitimar la violencia". Durante el debate en la comisión, los representantes del PNV, Aralar-Alternatiba y EA han expresado su posición contraria a la legislación antiterrorista y han denunciado que su aplicación trae como consecuencia los malos tratos a los detenidos.
El PSE/EE ha afirmado que no compartía "los juicios políticos sobre la legislación" y ha alegado que un pronunciamiento de tanto calado "excede la función de la comisión" y supone un "desenfoque del problema del terrorismo", aunque finalmente ha llegado a un acuerdo con el resto de grupos en torno a las conclusiones del Relator de la ONU.