El caso Mercasevilla va poco a poco ascendiendo peldaños en la escala política. Empezó siendo el trapicheo de un gerente y un compinche. Pasó luego a ser lío del gobierno municipal de PSOE e IU, con imputación de varios concejales. Luego resultó ser obra y gracia también de un delegado de la Junta en Sevilla y ahora, tras la declaración de un alto cargo, resulta que fue el propio Consejero de Empleo, ya ex consejero, Antonio Fernández, el que decidió dar la subvención, posteriormente "mordida" por los concejales y altos cargos socialistas, en el caso de comisiones ilegales reclamadas a los empresarios del grupo La Raza, destinatarios de la subvención de 900.000 euros por instalar en Mercasevilla un Escuela de Hostelería.
En calidad de testigo, esto es, con obligación de decir verdad so pena de ser acusado de perjurio y/o falso testimonio, el ex director general de Formación de la Junta de Andalucía Juan Manuel Fuentes Doblado ha dicho que fue el recientemente destituido consejero de Empleo Antonio Fernández el responsable en la adjudicación de la subvención extraordinaria de 900.000 euros concedida a la Fundación Mercasevilla para la creación de una escuela de hostelería, que gestionaría el Grupo La Raza.
Ahora queda por saber quién estaba en el ajo de la comisión irregular que se iba a pedir sobre esta adjudicación. La titular del juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, ya sabe que fue el propio consejero quien decidió “iniciar un protocolo de actuación» con los empresarios de la hostelería para potenciar el empleo en este sector e «iniciar actuaciones formativas” con este objetivo, en las que se enmarca la frustrada escuela de hostelería. Además, sabe que fue el consejero de Empleo el que tuvo que firmar la concesión de la ayuda económica al mercado central.
Fuentes Doblado, explica La Razón, negó que participara “en el acto concreto de la concesión” de la subvención, sobre todo porque “cesó en mayo de 2008”, antes de su adjudicación. El funcionario limitó su intervención a su asistencia –en diciembre de 2007– a la firma del citado protocolo de actuación y a las dos primeras reuniones para definir el “patrocinio del equipamiento” del centro formativo.
Fuentes Doblado desmintió que “prometiera la concesión” de la ayuda, contradiciendo así al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, imputado en esta causa junto al ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y la directora de Proyectos Regla Pereira.
Según su declaración, el alto cargo rechazó la propuesta de la fundación y los hosteleros para conseguir “un millón o 1.300.000 euros”, y calculó que la ayuda podía alcanzar los 900.000 euros, a pagar “en diversas anualidades” y “sin que supusiera un compromiso”. Insistió en que esta “competencia” sólo corresponde al consejero y mostró su “desacuerdo” con Rivas, volviendo a negar que “garantizara” el dinero.
La Junta, implicada. Pero, ¿alguien de arriba ordenó la "extorsión" a los empresarios?
Recuérdese que hace una semana el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio Rivas, fundaba gran parte de su defensa en que fue él mismo quien denunció la trama de extorsión en Mercasevilla, pero resultó que no denunció la trama según la declaración, como testigo, ante la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, del viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá. Su testimonio aclaró que la decisión de poner “en conocimiento de la Justicia” la petición de comisiones ilegales a cargo de los dirigentes de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce la tomó él “personalmente” después de que el director de Relaciones Instituciones de Presidencia, Juan Gallo, le hiciera llegar la grabación el 13 de febrero, y en la denuncia “no participó el señor Rivas”.
Tras la nueva desautorización de Rivas por altos cargos de la Consejería de Empleo, está en cuarentena. El delegado de Empleo en Sevilla dijo el 16 de noviembre ante la juez que en una reunión con el consejero –celebrada el 11 de febrero, según dijo ayer Barberá– en la que escuchan las grabaciones “todos ellos deciden dar traslado a la Fiscalía por si quería iniciar actuaciones penales”. En ese encuentro, lo que según Barberá se decidió es que “había que esclarecer la situación y abrir un expediente de información reservada”, paralizando la subvención.
La pregunta es, pues, si alguien más de la Junta conocía que se iban a pedir comisiones a los empresarios o si fue algo de niveles inferiores. Recuérdese que en las cintas aparece la "extorsión" pretendida como un procedimiento habitual en la Junta de Andalucía.