La decisión ha sido adoptada por tres votos a dos por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que sin embargo no ha accedido a declarar a Garzón en situación de servicios especiales, ya que considera que esta condición es incompatible con su suspensión cautelar, acordada el pasado viernes por el pleno del Consejo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 348 que "los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes: servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria y suspensión de funciones" y la comisión ha entendido que no se puede estar en dos de ellas a la vez.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que ha informado a los medios de comunicación de la resolución adoptada por la Comisión Permanente, ha eludido responder a la pregunta de si la marcha de Garzón a La Haya, una vez denegada la situación de servicios especiales, implicará la pérdida de su destino en la Audiencia Nacional.
Bravo se ha limitado a leer el acuerdo de la comisión, que señala que "de conformidad" con el informe del secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez -partidario de dejar marchar a Garzón a La Haya, pero no en situación de servicios especiales-, se le autoriza a trabajar en la CPI como consultor externo de la Fiscalía de este órgano.
El acuerdo dispone textualmente "participar" a Garzón, así como a la Fiscalía de la CPI, "que desde el punto de vista orgánico no se aprecian razones legales que impidan la contratación del expresado magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y, en consecuencia, la Comisión Permanente permite tal contratación".
Además del informe del secretario general del CGPJ, la Comisión Permanente tenía sobre la mesa otros cuatro escritos, en los que la propia Fiscalía de la CPI, la Fiscalía General del Estado, la sala de lo penal del Tribunal Supremo -que será la encargada de juzgar a Garzón- y el Ministerio de Asuntos Exteriores se muestran favorables al traslado del juez a La Haya.
El acuerdo de la comisión cuenta con los votos particulares de la vocal progresista Almudena Lastra -que entiende que debía haberse declarado al juez en situación de servicios especiales, tal y como éste había solicitado- y del conservador Antonio Dorado.
Este último sostiene que, puesto que la comisión ha rechazado declararle en servicios especiales, la comisión no debía haberse pronunciado sobre el traslado a La Haya hasta que el propio Garzón hiciera una nueva solicitud.
El juez solicitó la autorización del CGPJ para trabajar en la CPI el pasado día 11, después de que el fiscal jefe de ese tribunal, el argentino Luis Moreno Ocampo, le ofreciera un puesto de consultor externo por un periodo de siete meses para contar con su experiencia en la investigación de crímenes organizados y masivos.
Garzón trabajaría en la ciudad holandesa de La Haya, aunque Moreno Ocampo ya le ha comunicado que eventualmente podría desplazarse a lugares como Congo, Uganda o Colombia, donde la CPI tiene investigaciones abiertas.
Con su petición al CGPJ, Garzón pretendía adelantarse a su posible suspensión, pero el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dictó al día siguiente el auto de apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y el Consejo acordó apartarle de su Juzgado antes de estudiar su solicitud.