LD (Ángela Martialay) El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llama al orden a los jueces. Y lo hace a través de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia. En una reunión que han mantenido este martes el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, y diversos vocales con los presidentes de los tribunales autonómicos, los representantes del poder judicial han mostrado su “preocupación” por los ánimos convulsos existentes en la carrera judicial.
Según ha explicado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en la reunión se les ha pedido a los presidentes de los TSJ que "ejerzan su autoridad" y se les ha "recordado a los tribunales superiores que ellos también son órganos de gobierno”. Por esta razón, el Consejo se apoyará en ellos para valorar la "legalidad" de las juntas de jueces celebradas a raíz del Movimiento del 8 de Octubre, protagonista de un paro judicial histórico.
El CGPJ quiere que los tribunales superiores estudien "si la celebración de las juntas de jueces se están llevando a cabo de forma periódica y si éstas pueden afectar de forma perjudicial al servicio público de la Justicia”. De esta forma, Bravo ha añadido que “las Salas de Gobierno de los TSJ van a estudiar el control de la legalidad de las juntas de decanos”.
Los tribunales superiores, "preocupados"
Asimismo, la portavoz ha destacado que los presidentes de los TSJ han mostrado “su preocupación” por la posibilidad de que haya más colectivos judiciales que se unan a las huelgas que los jueces de Extremadura y Murcia ya han anunciado para el próximo 18 de febrero. Además, Bravo ha destacado que "dicho movimiento no es unánime en carrera judicial".
A día de hoy el Consejo aún no ha valorado los posibles daños causados por la convocatoria de la última juntas de jueces, celebradas el pasado día 21. Esto se debe, tal y como ha declarado la portavoz, a que todavía el órgano de gobierno de los jueces no cuenta con todas las actas.
Por su parte, los presidentes de los TSJ han expresado su inquietud por lo que está sucediendo en el mundo judicial al considerar que estas juntas son un instrumento para debatir asuntos jurisdiccionales y que el orden del día de las mismas no responde a este carácter, según ha relatado Bravo, que ha señalado que éstos ejercerán sus funciones según establece el Reglamento y la Ley Orgánica del Poder Judicial. En muchas de estas juntas se ha cuestionado el sistema de elección de los nuevos miembros del CGPJ.
En este sentido, la portavoz ha explicado que los presidentes autonómicos controlarán la “legitimidad” de los acuerdos de las juntas de jueces y les remitirán al Consejo un informe “de forma urgente” para determinar si éstas provocaron la suspensión de juicios.
Bravo no ha querido anticipar qué medidas se adoptarían en el caso de que estas protestas acometidas por los jueces se escapen a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pero se ha mostrado firme al afirmar que “no vamos a permitir que los ciudadanos se vayan a ver perjudicados por estas juntas”.