L D (Europa Press) Un total de nueve vocales de la minoría del CGPJ habían solicitado una declaración institucional del órgano. Ocho de dichos vocales (todos los que solicitaron la celebración de sesión extraordinaria de la permanente menos el independiente Agustín Azparren) han suscrito un voto particular con el texto que pretendían aprobar.
El portavoz del CGPJ, Enrique López, quien votó en contra de la declaración institucional junto al presidente, Francisco José Hernando, y el vocal Carlos Ríos, leyó la resolución, en la que se aclara que "cualquier valoración en positivo o negativo" del anuncio del presidente del Gobierno "supondría colocar al órgano de gobierno de los jueces bajo designios partidistas, totalmente alejados de su naturaleza constitucional".
López aprovechó su intervención ante los medios de comunicación para precisar que la declaración realizada este miércoles por Hernando, y que sigue manteniendo, se produjo sin conocer el contenido del anuncio realizado por Rodríguez Zapatero. Hernando dio Vitoria la "bienvenida" a todas las iniciativas encaminadas a "pacificar el País Vasco", pero agregó que "la Justicia no está en tregua".
El vocal Juan Carlos Campo, que votó a favor de hacer una declaración, explicó que dada la "relevancia" del anuncio realizado por el presidente del Gobierno la minoría entendió necesario que el Consejo hiciera una declaración institucional que demuestre la unidad del Poder Judicial. Además, se escudó, precisamente, en las manifestaciones de Hernando para justificar la necesidad de hacer una declaración institucional.
El texto rechazado dice textualmente: "Ante el anuncio por el presidente del Gobierno de iniciar un diálogo con ETA, al amparo de la resolución aprobada por el congreso de los Diputados en mayo de 2005, manifestamos nuestro pleno apoyo y lealtad a la Constitución y el Estado de Derecho, y nuestra esperanza de alcanzar por el camino iniciado el fin del terrorismo y la definitiva prevalencia de los valores democráticos y constitucionales".
Añade: "La paz es una tarea de todos, y el Poder Judicial cumple y cumplirá las obligaciones constitucionalmente encomendadas de ser garante de la democracia y los derechos y libertades de los ciudadanos, mediante la aplicación de la Constitución y la Ley, teniendo siempre presente el sufrimiento de las víctimas, que cuentan y contarán con nuestro respeto y reconocimiento a su sacrificio y dignidad".