LD (Europa Press) El informe realizado por la Inspección del CGPJ revela que Garzón abrió una pieza separada e interrogó a la imputada Felisa Jordán y a su abogado para esclarecer lo ocurrido. El informe de los Servicios de Inspección del CGPJ considera que la posible responsabilidad por las filtraciones de la información referida a la operación Cacería "ha quedado muy difuminada, pues han sido muchas las personas que, en un momento u otro, han tenido conocimiento de los datos reflejados por la prensa".

Por ello, concluye que no puede achacarse responsabilidad alguna a Garzón y que "no resulta posible la imputación de responsabilidades sancionadoras con base en datos probatorios no acreditados plenamente".

Jordan y su abogado

El pasado 9 de febrero, cuando estalló la operación, Garzón dictó un auto abriendo pieza separada denominada “filtraciones” en el que requirió a la UDEF (Unidad Policial responsable de la investigación) que aportara lo que estaban informando los medios y citó al denunciante.

Además, el día 13 de febrero Garzón interrogó por las filtraciones a la imputada Felisa Jordán y a su abogado. El letrado narró al juez que varios medios de comunicación le venían llamando en los últimos días para preguntarle por el caso, si bien no había comentado el contenido de lo que conocía con ninguno de ellos.

Por su parte, Felisa Jordán admitió al juez que prácticamente todos los medios de comunicación la llamaban todos los días para que les "confirmara datos", y que aproximadamente un 15 por ciento de las preguntas se referían al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. Admitió haber hablado de la declaración que hizo ante el juez con su hermano, que reside en Sevilla.

Igualmente, Jordán narró al juez que la documentación que aportó en su declaración ante Garzón se la había entregado unos dos meses antes a un periodista de la revista Interviú, si bien dicha información no llegó a publicarse.

Informe de la secretaria de Garzón

La secretaria de Garzón dictó una diligencia el pasado 9 de febrero dando cuenta de que en medios de comunicación digital publicaban esa misma tarde "transcripciones de las grabaciones telefónicas que integraban la denuncia de la Fiscalía" que dio origen a la causa.

A este respecto, señalaba la secretaria que los datos estaban bajo su custodia en el Juzgado "excepto por el tiempo necesario para que por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal realizaran, por su servicio de transcripción, la materialización de las mismas en formato papel, siendo dicho extremo confirmado por el funcionario que tramita esta causa, quien así me lo comunica y doy fe".

Añadía que ese mismo día, a las dos y media de la tarde, entró en el Juzgado un oficio emitido por la Fiscalía Anticorrupción y que ella constató que "parte de su contenido fue objeto en publicación en medios de comunicación con anterioridad a que dichos documentos entraran en este Juzgado".

El informe de la Inspección también da cuenta de las actuaciones realizadas por la propia Fiscalía para detectar filtraciones, que concluyeron que no había constancia de que el Ministerio Público estuviera filtrando información y que la denuncia había estado en todo momento "a la plena disposición del denunciante, que ha podido hacer de ella el uso que haya estimado oportuno".

Los datos, en posesión de los policías

Por todo ello, el Servicio de Inspección del Consejo concluye que en este caso no ha existido prueba alguna de que la filtración haya procedido de instancias judiciales. Afirma que los datos, pese a encontrarse bajo la custodia de la Secretaria del Juzgado, estuvieron un tiempo en poder de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la UDEF, y que parte del contenido del oficio remitido por Anticorrupción "fue objeto de publicación antes de que entrara en el Juzgado".

"No podemos olvidar que los Secretarios Judiciales son poseedores de la fe pública judicial y sus diligencias tienen presunción de veracidad", concluye el Servicio de Inspección del CGPJ, que subraya que la propia Jordán hace constar que le había contado todo a su hermano por teléfono, "con lo que aquel ha podido hacer con tal información el uso que haya tenido por conveniente".

Denuncia del PP

En su denuncia ante el CGPJ, el PP señalaba que la información publicada por la prensa, especialmente por el diario El País, resultaba "gravemente dañosa para el PP" y tenía su origen en las filtraciones del sumario instruido por Garzón.

Añadía el PP que el conocimiento y publicación de tales informaciones procedentes de un sumario judicial "rompen la garantía y obligación legal del secreto de sumario, con gravísimo perjuicio para las personas afectas y terceros a los que sitúa en indefensión, tanto más cuando se vinculan las actuaciones, presuntamente delictivas, a una formación ajena a todas ellas y que continúa inaudita parte".