La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado este martes la denuncia que el sindicato Manos Limpias interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por dejar en libertad bajo fianza de 12.000 euros a la etarra Maite Aranalde, quien posteriormente se dio a la fuga y en estos momentos se encuentra en busca y captura.
Así lo han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que han señalado que la comisión ha adoptado este acuerdo por cuatro votos a uno. A favor de no abrir ninguna investigación sobre la actuación de titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional han votado los vocales del Consejo Pío Aguirre, Gema Gallego, Miguel Carmona y Margarita Uría.
Por su parte, el vocal José Manuel Gómez Benítez, amigo y ex abogado del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien a su vez criticó duramente la decisión de su colega Velasco, ha votado en contra por entender que debería abrirse una información previa con el fin de investigar debidamente los hechos.
"Sin relevancia disciplinaria"
Garzón advirtió en un auto en relación con la etarra fugada Maite Aranalde que existían indicios suficientes para haber acordado prisión contra ella la semana pasada. Según Garzón, el instructor Velasco tenía "todos los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional" para que su prisión se decretase "con carácter incondicional y no sujeta a fianza".
Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces ha considerado por mayoría que los hechos objeto de la denuncia constituyen una cuestión "estrictamente jurisdiccional sin relevancia disciplinaria".Por su parte, el sindicato Manos Limpias alegó en su denuncia que Velasco incurrió en "negligencia grave" y que merecía una sanción disciplinaria. El denunciante alegó que "este hecho ha causado una gravísima alarma social y pone en tela de juicio la responsabilidad de algunos jueces y magistrados cuando se trata de procedimientos que afectan al terrorismo".
La decisión del Consejo coincide con el criterio de la Sala de la Audiencia Nacional que el pasado 3 de septiembre concluyó que tanto Velasco, que impuso una fianza de 12.000 euros a la etarra tras ser extraditada por Francia y que posteriormente se dio a la fuga, como el juez Baltasar Garzón, que ordenó su ingreso en prisión, actuaron de manera correcta. Fue entonces cuando la Audiencia acordó entonces por unanimidad que no había lugar a incoar diligencias informativas para que sean remitidas al CGPJ.
Aranalde fue puesta en libertad por el juez Eloy Velasco debido a que su entrega no iba acompañada de la documentación requerida por España referente a la participación de la etarra en un atentado múltiple en varias gasolineras durante el puente de la Constitución de 2004. El país galo traspapeló esta información, por lo que el magistrado –quien sustituía a Garzón al encontrarse de vacaciones– decretó para Aranalde la situación de libertad eludible bajo 12.000 euros de fianza.
Estas decisión fue recurrida por la Fiscalía al considerar que existía un alto riesgo de fuga de Aranalde, aunque no se resolvió hasta que Garzón regresó de sus vacaciones. Momento en el que la etarra ya se había fugado.