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El CGPJ volverá a investigar los cobros de Garzón en Nueva York

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado este martes volver a investigar los cobros que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibió durante su estancia en EE.UU en los años 2005 y 2006.

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado este martes volver a investigar los cobros que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibió durante su estancia en EE.UU en los años 2005 y 2006.

La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado este martes remitir el escrito de los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea sobre los pagos los cursos que el juez Baltasar Garzón impartió en la Universidad de Nueva York durante los años 2005 y 2005 a su órgano disciplinario.

A su vez, la Comisión Disciplinaria lo remitirá al Servicio de Inspección, que dispone de un mes de plazo para proponer el archivo de este asunto, la apertura de diligencias informativas (investigación) o bien solicitar directamente la incoación de un expediente disciplinario contra el magistrado.

Esta noticia se produce después de que la semana pasada saliese a la luz pública que Garzón podría haber incurrido en una falta disciplinaria muy grave por inobservancia del deber de abstención. El motivo es que el banco Santander patrocinó los cursos que el juez impartió en EE.UU y que, a posteriori, el instructor no se abstuvo a la hora de decidir sobre una querella que se interpuso contra uno de sus altos cargos en su partida judicial.

Tras conocerse estos hechos, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea presentaron una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial donde pidieron su suspensión cautelar.

De prosperar una investigación disciplinaria en este sentido, la sanción contra Garzón podría ir desde la suspensión entre 1 mes y 3 años (a partir de 6 meses perdería su plaza en la Audiencia Nacional), hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado forzoso. Previamente, los letrados ya han presentado una querella contra el instructor por un delito de prevaricación aunque, de momento, el Supremo no la ha admitido a trámite.


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