El acuerdo entre PP y PSOE se alcanzó hace tres días pero hoy se ha materializado en la aprobación del dictamen de la Comisión Constitucional del Congreso para reformar la Ley Electoral. El pacto de los dos partidos mayoritarios contempla, entre otras cosas, estrechar el cerco a Batasuna-ETA para impedir que accedan a las instituciones.
Son varias vías. El dictamen incluye las líneas generales de la reforma presentada por el ministro del Interior hace unos meses. La idea es ampliar los plazos de la impugnación de listas. La Fiscalía o el Abogado del Estado podrán presentar recursos hasta una semana después de los comicios, cuando con la ley actual no pueden presentar desde el inicio de la campaña electoral. Por otra parte, los mecanismos de impugnación cambian: ahora se ilegalizarán las candidaturas, no a los partidos. Se contempla incluso la anulación de la lista de un partido legal por dar cobijo a candidatos ligados a la izquierda abertzale radical.
Y en último lugar, la normativa resolverá el problema de los Ayuntamientos gobernados por ANV. Ahora sí se contempla la retirada del acta de un cargo electo que no condene la violencia de forma expresa. La fórmula será la de la “incompatibilidad sobrevenida”, por la que el cargo perderá su acta.
Estas consideraciones se recogen en el punto dos del dictamen, al que se le ha dado luz verde con 35 votos a favor de PP, PSOE y CC; 2 votos en contra de PNV y de IU, y una abstención de CIU.
El punto que más polémica ha suscitado durante el debate ha sido el relativo a los “vientres de alquiler”: partidos que, como Eusko Alkartasuna, pretendan dar cobijo en sus listas a los proetarras. Desde el PNV, su portavoz Aitor Esteban acusaba a populares y socialistas de atender a “intereses espurios”. Algo a lo que el portavoz del PSOE, José María Benegas le respondía devolviéndole el guante: “lo que si le garantizo que no va a pasar es que un Lehendakari pueda ser elegido con el voto de los que apoyaban la violencia”
Benegas ha confiado en que “espero que estemos en el final de ETA. Podemos acabar con ETA. Durante el debate, transcurrido con halagos mutuos entre PP y PSOE, el portavoz popular en la comisión Constitucional, José Antonio Bermúdez de Castro, ha insistido en la “necesidad de esta reforma, que es un paso más, y que según el Gobierno es suficiente para el objetivo que persigue, que es que no vuelvan a entrar en las instituciones”. Buena voluntad por parte del PP que ha concluido diciendo: “confiamos en ese compromiso del Gobierno que podrá verificarse en las próximas elecciones municipales”.
Reducción de los gastos electorales
La reforma, negociada desde hace dos años, también contempla la reducción del presupuesto de los partidos políticos durante la campaña electoral en un 15 por ciento, el mismo porcentaje que debe recortar la Administración de la propaganda institucional relacionada con las elecciones, puntos que han contado con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios.
Del mismo modo, han acordado vetar campañas publicitarias (cartelería, cuñas de radio, etc), salvo en los quince días que dura oficialmente la campaña. Además, durante este periodo se prohíbe al gobierno inaugurar cualquier obra o servicio público, sin perjuicio de que puedan entrar en funcionamiento.