En julio de 2009, la asociación presidida por Ángeles Domínguez, que agrupa a más de 600 víctimas de la masacre del 11-M, presentaba una querella contra el ex-comisario de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, y su jefa de laboratorio por los presuntos delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y manipulación de pruebas, en relación con las investigaciones del 11-M. Esa denuncia de las víctimas se basaba en la desaparición de las muestras de los trenes y en la no realización de análisis periciales exhaustivos con vistas a determinar el explosivo que se usó en el atentado. La querella fue admitida a trámite y se encuentra en estos momentos en fase de instrucción.

Sin embargo, las investigaciones llevan cuatro meses paralizadas, debido a las trabas que está poniendo el Ministerio de Interior. La juez que instruye el caso le ha solicitado en tres ocasiones que certifique cuáles eran los protocolos de actuación de los Tedax y si éstos obligaban a conservar las muestras recogidas en los trenes del 11-M, que han desaparecido a toneladas. Pero el ministerio dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba se ha escudado en la Ley de Secretos Oficiales para negar a la juez los datos solicitados. Y ello a pesar de que las partes relevantes de esos protocolos de actuación son bien conocidas.

Tal y como publicó en su día Libertad Digital, esa información que el Ministerio de Interior se niega a certificar por ser "secreta" fue, sin embargo, aportada por el Gobierno como respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada popular Alicia Castro en el año 2006. Asimismo, el propio comisario Sánchez Manzano aportó los correspondientes textos supuestamente "secretos" en un oficio dirigido al juez Del Olmo y que figura adjunto al sumario del 11-M.

Todo ello pondría de manifiesto que, lejos de tratar de proteger información secreta, lo que el Ministerio de Interior estaría haciendo es dilatar la instrucción de la causa y ganar tiempo.

Ante esa situación, las víctimas del 11-M dirigieron el pasado 2 de junio una carta a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, incluidos los del grupo mixto, poniendo en su conocimiento los hechos, y solicitándoles que hicieran uso de sus facultades para exigir al Ministro de Interior que cese en su táctica obstruccionista.

Sin embargo, dos semanas después, ningún partido se ha puesto en contacto con la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M para interesarse por el asunto ni para ofrecer su colaboración. De hecho, tan sólo Durán Lleida se ha dignado a contestar, con una escueta respuesta de compromiso en la que confirma que ha recibido la carta de la Asociación y le comunica que se la ha pasado a la Portavoz de Interior de su grupo.

El asunto es especialmente sangrante, por cuanto el próximo día 27 de junio se celebra en el Congreso el día de supuesto homenaje a las víctimas del terrorismo, con lo que se dará la paradoja de que nuestros representantes políticos se dediquen a homenajear solemnemente a unas víctimas cuyas demandas de justicia ignoran olímpicamente.