El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con mayoría absoluta el proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, en el que se incluyó entre otras cuestiones una limitación de las competencias de España en la persecución de delitos internacionales.
En la votación de conjunto, que requería mayoría absoluta dado su carácter orgánico, la reforma contó con el apoyo de PP, PSOE, PNV, CiU, ERC e UPyD, mientras que votaron en contra los dos diputados de IU-ICV y se abstuvieron los tres que suman el BNG y Nafarroa Bai.
Respecto a la limitación de la Justicia Universal, la reforma fue apoyada por el PSOE, PP, CiU y PNV con el objetivo de que la Justicia española sólo pueda perseguir casos de genocidio y lesa humanidad "cuando existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo de conexión relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español".
Desde el PP, la diputada Dolors Montserrat justificó este acuerdo explicando que "la evolución seguida por los tribunales y principalmente por la Audiencia Nacional requería una importante reflexión para adaptar el precepto de la Jurisdicción Universal al principio de subsidiariedad y a la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y homologarlo con los países del entrono". En esa línea, se refirió a "los conflictos diplomáticos que generaban algunas sentencias inaplicables".
No habrá impunidad
"En ningún caso se trata de que los crímenes queden impunes, sino de homologar nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno", defendió también el diputado socialista Julio Villarrubia, quien añadió que "se han incluido crímenes que antes no estaban expresamente incluidos como los crímenes de guerra y lesa humanidad".
Explicó que España podrá seguir persiguiendo estos delitos siempre que no se haya iniciado otro proceso en una corte internacional, en el país de origen del investigado o en el estado afectado por las actividades investigadas.
Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría comenzó definiendo el resultado de esta reforma como "la Ley de defensa de intereses difusos" ya que, a su entender, "menos una Oficina Judicial eficiente se regula de todo" y añadió que se ha aprovechado "para desactivar el conflicto planteado por los jueces".
Durante la sesión plenaria de hoy, también fueron aprobadas algunas de las reivindicaciones realizadas por los jueces, como la supresión de los traslados forzosos por ascenso o la creación de la figura del juez de adscripción territorial.
Para este proyecto complementario aprobado, el PSOE y el PP también consensuaron una enmienda que implantará un depósito económico obligatorio para la presentación de recursos en la jurisdicción civil, social y contencioso-administrativa. CiU, PNV, ERC y BNG no lo apoyaron al considerar que esta medida debería repercutir en las comunidades autónomas.
Con el Pleno celebrado este jueves, el Congreso concluye la aprobación de la ley orgánica complementaria de la reforma de la Ley procesal por la que se establece la nueva Oficina Judicial, para su posterior remisión al Senado. Sólo si allí se introducen enmiendas, algo improbable dado el consenso entre los dos grupos mayoritarios, la reforma volvería a la Cámara baja. La previsión es implantar la nueva Oficina Judicial el 1 de enero de 2010.