El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los Colegios de Abogados de España, cree que la grabación de las comunicaciones privadas entre presuntos implicados del caso "Gürtel" y varios de sus abogados suponen un atentado contra el Estado de Derecho ya que fueron realizadas "sin apoyo legal", "fuera de la legalidad vigente".

De esta forma se pronuncia el CGAE tras las denuncias de algunos abogados de los imputados por haber sido intervenidas conversaciones entre los letrados y sus clientes. El Consejo manifiesta su "absoluto rechazo" a la "violación del secreto profesional" que, en su opinión, se produjo en el marco de este caso y entiende que es "un gravísimo atentado" contra el Estado de Derecho.

Estos procedimientos -subrayan los abogados- están reservados a casos de terrorismo o en los que puede estar implicado el abogado y no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia pues ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.

El Consejo entiende que las grabaciones de las conversaciones entre Francisco Correa y su segundo abogado tenía que haberlas autorizado el juez Baltasar Garzón en un auto, tal y como lo hizo para intervenir las que mantuvo el presunto cerebro de la trama con su primer letrado, implicado en la causa.

Por ello, según el CGAE, la grabación de las comunicaciones han sido realizadas "fuera de la legalidad vigente" y deberían haber cesado o destruirse al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado.

De esta forma, según los abogados, no se tenían que haber incorporado en ningún caso las mismas al proceso, lo que supone un "vicio" que debe producir la nulidad del procesamiento.

Por todo ello, el CGAE considera que estas prácticas "repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho".