María Dolores de Cospedal se enfrenta a su peor momento político desde que fuera designada secretaria general del PP en junio de 2008. Hasta ahora, la número dos de Mariano Rajoy se había afanado por sacar las castañas del fuego a su jefe de filas. Sonadas fueron sus gestiones en las expulsiones de Luis Bárcenas y Ricardo Costa en pleno vendaval por el caso Gürtel.

Entonces, se vio involucrada en la polémica en calidad de secretaria general, pero no por ser presidenta del PP de Castilla-La Mancha y candidata a presidir esta comunidad. Una dualidad de cargos que ahora le pasa factura.

El primer choque de intereses llegó con la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. Tal y como informó en exclusiva este diario, Cospedal accedió a que el texto incluyera una reserva estratégica de 6.000 hectómetros de agua. Una posibilidad que cuenta con el rechazo frontal de dos de los más importantes barones regionales del partido: Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel.

"Ésta señora está incapacitada para ser secretaria general, no es imparcial", sentencia el entorno del presidente murciano, que en la reunión que la semana pasada mantuvo con Rajoy para hablar de este tema le recordó que Cospedal todavía no es presidenta autonómica mientras que él si lo es y gracias a ello Murcia es hoy uno de los principales feudos del Partido Popular.

Una herida, todavía sangrante, a la que se suma otra y que afecta al discurso del partido en materia nuclear. La pasada semana, el Ayuntamiento castellano-manchego de Yedra, gobernado por el PP, aprobó su candidatura para acoger un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, extremo al que se opuso desde el principio Cospedal, que anunció sanciones disciplinarias contra el alcalde.

El vicesecretario de Política Local y Regional del PP, Javier Arenas, salió entonces a la arena pública para contradecir a Cospedal y postularse a favor del regidor popular: "la posición del partido es respetar la decisión del alcalde de Yebra, aunque no haya coincidido con el planteamiento general del partido en Castilla-La Mancha".

Una desautorización pública que provocó un cisma interno y que llevó a Arenas a telefonear a su número dos para pedirle disculpas y proponerle que emitieran un comunicado conjunto aclarando la posición de la formación.

Cospedal le dijo entonces que tal comunicado no era necesario, pero sí quiso dejar clara su autoridad en las páginas de El Mundo. "Ni Javier Arenas, ni nadie, impedirá que se abra un expediente al alcalde de Yebra", sentenciaba la secretaria general de los populares, lo que provocaba un profundo malestar en las filas del PP andaluz, y también en un importante sector del arco parlamentario del partido.

"Cospedal no nos trata igual, barre para casa... todavía recuerdo cuando no tuvo ningún problema en sancionar a los diputados del PP vasco por el tema del concierto, ¿se la imagina expedientando a los diputados de Castilla-La Mancha por romper el debate nacional sobre materia de agua?...claro que no", argumenta un miembro de la plana mayor del partido, en declaraciones a Libertad Digital.

Rajoy no quiere postularse públicamente

Según la opinión de este destacado dirigente, Rajoy, como presidente del PP, tendría que tomar cartas en el asunto "con mayor autoridad" ya que ahora "da la impresión de que es Cospedal y no él quien corta el bacalao en Génova 13".

Sin embargo, de momento, el líder de los populares guarda silencio. Fuentes consultadas aseguran que no quiere involucrarse públicamente, si bien de puertas para dentro arrecian sus gestiones. El motivo: "no puede postularse a favor ni de uno ni de otro, ya que son sus apuestas personales".

"No tengo opinión fundada sobre Yedra", se limitó a decir la semana pasada. En cuanto a la guerra del agua, prometió una resolución favorable para todos, y en ello trabaja como demuestran, según las fuentes consultadas, las tres reuniones que mantuvo en fechas recientes con todos los protagonistas, Esperanza Aguirre incluida.