Primero, en octubre de 2009 pidieron archivar el caso Faisán. Luego, cambiaron de criterio y el pasado mes de enero el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista aceptó todas las diligencias solicitadas por las acusaciones populares.
Ahora, el Ministerio Fiscal vuelve a maniobrar para que el caso del chivatazo policial a la red de extorsión de ETA cometido el 4 de mayo de 2006 en el bar de Joseba Elosúa, en Irún, pierda fuelle y sus presuntos responsables sean penados con una condena mucha más benévola de la que a priori se les acusa.
En una vista celebrada este jueves en la AN para estudiar el recurso que el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, contra el auto en el que el juez Pablo Ruz acordó reactivar la investigación, el fiscal ha pedido que se retire el delito de colaboración con banda armada a los tres imputados en el caso.
En la causa están imputados el actual dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros.
En un auto de 24 de enero el juez instructor Pablo Ruz señaló que detrás del soplo podrían haberse cometido dos delitos: uno, de revelación de secretos por parte de un funcionario público y, otro de colaboración con banda armada. El primero de ellos está penado con hasta tres años de prisión, mientras que el segundo de ellos con un máximo de diez años de cárcel.
Ahora, y sin que haya habido ningún cambio, Bautista sostiene "que no se puede demostrar que los acusados compartieran las finalidades y los objetivos de la organización terrorista".
La trascendencia de esta medida está en que si la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acepta que no existe un delito de naturaleza terrorista en el soplo a los cobradores de ETA, este tribunal perdería su competencia para instruir el caso. Es decir, el chivatazo se investigaría en los juzgados de instrucción de Irún.