(Libertad Digital) Ya han pasado casi tres años desde que se pusiese en marcha la investigación judicial sobre el supuesto “chivatazo” policial  a ETA (que permitió que se frustrase una operación contra el “aparato de extorsión” de la banda) y la causa sigue siendo secreta. Ahora, según publica el diario La Razón en su edición de este viernes, el fiscal del caso, Carlos Bautista, solicitará que se levante el secreto sumarial del caso antes del verano, lo que permitirá calibrar el fruto de las investigaciones.

Según esas mismas fuentes, las diligencias no se han interrumpido en todo este tiempo (incluyendo diversos interrogatorios). Sin embargo, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que está personada en la causa como acusación popular junto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), denuncia que el magistrado Baltasar Garzón “no ha investigado nada desde julio de 2006, cuando se practicaron las últimas diligencias”.

Por otra parte, los abogados de las víctimas han explicado a LD que a día de hoy no tienen constancia alguna de esto se vaya a producir.

En mayo de 2006, y mientras se llevaban a cabo los seguimientos policiales por orden de la Audiencia Nacional a Joseba Elosúa, dueño del “bar Faisán” de Irún (donde supuestamente se efectuaban los pagos a los pistoleros en el marco de la red de extorsión), un micrófono oculto en su coche reveló el “chivatazo”. En una conversación intervenida, Elosúa comentaba con su interlocutor que un agente le avisó a través de una llamada de que estaban siendo seguidos por la Policía.

Un chivatazo pre-alto el fuego

La advertencia se produjo dos meses después de que ETA declarase su último alto el fuego y, a raíz de esos indicios, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en esas fechas, Fernando Grande-Marlaska, decidió abrir una investigación para tratar de identificar al agente o agentes que pusieron sobre la pista a la red que supuestamente se encargaba de cobrar el "impuesto revolucionario" a los empresarios señalados por la banda.

Es menester destacar que el chivatazo a los etarras "no se produjo un día cualquiera" sino que fue el 4 de mayo, día en el que el juez Grande Marlaska iba a ordenar la actuación policial contra la red de extorsión. El soplo provocó que fuera retrasada hasta el 20 de junio. Según consta en las grabaciones telefónicas a Elosúa, el policía que le dio el chivatazo lo justificó "para no fastidiar el proceso" al tiempo que le pedía que no lo comentara con nadie.

El magistrado Grande Marlaska se apartó del caso una vez que el titular del juzgado de instrucción, el juez Baltasar Garzón, llegó de su estancia en Nueva York. Desde julio de 2006, Garzón tiene en sus manos el caso. La causa desde entonces permanece sometida al secreto de sumario.Sin embargo, ahora el fiscal solicitará que ese secreto se levante en las próximas semanas aunque según ha podido saber Libertad Digital, el juez ha prolongado durante un mes más el secreto sumarial, muestra de que no tiene intención de destapar, al menos de momento, el sumario.

De todas formas, la petición del fiscal puede ser rechazada de plano por el magistrado.