El Gobierno viene trabajando para que la acusación popular no quede como parte única en un proceso y sólo pueda impulsar la acción penal si la Fiscalía o la acusación particular también lo hacen. El Ejecutivo de Zapatero trata de evitar, dice ABC, que se pueda repetir lo ocurrido en las causas contra Garzón.
El ministro de Justicia Francisco Caamaño ya dijo hace semanas que era necesaria una "reflexión" sobre el tema, pero lo cierto es que la decisión ya está tomada. Se trata, al fin y al cabo, de cortar las alas a los querellantes que, como en el caso de Manos Limpias contra Garzón, se presentan sin apoyo de la Fiscalía.
Caamaño, dice ABC, busca hacer ese cambio aprovechando la reforma de la LECr, cuyo objetivo es que se entregue la responsabilidad de la investigación a los fiscales, conviertiendo al juez instructor en un simple vigilante. El articulo 101 de la LECr señala que la acción penal es pública y que "todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley".
No obstante, la falta de regulación ha hecho que sea el TS el que dicte finalmente las pautas al respecto. Eso ha provocado la polémica en los casos en los que no acusan ni el fiscal ni las víctimas del delito, y es sin embargo la acusación popular la única que impulsa el proceso. Como en el caso de las tres causas a Garzón.
En los casos Botin y Atutxa se dieron criterios contrapuestos que ahora se tratan de unificar. El TS dice que la acusación popular podrá impulsar la acción penal en solitario en esos supuestos: delitos con perjudicados directos, tanto si éstos o el fiscal no acusan. O delitos en los que el perjudicado es la legalidad y no un particular, en el caso de que el fiscal no acuse, publica ABC.
El PP se opone, dice el diario, a limitar la acción popular por ser esto "claramente inconstitucional". La Constitución "abre a los ciudadanos la posibilidad de complementar la acción de la Fiscalía en la defensa de la legalidad, precisamente con el fin d eevitar posibles abusos del Gobierno". Es, al fin y al cabo, un "intento de monopolizar la defensa de una legalidad; una maniobra gubernamental para que el fiscal genreal nombrado por el Gobierno decida contra quién hay que proceder o a quién hay que defender".
Federico Trillo, responsable de Justicia, advierte al ministro que "no hay posibilidad alguna de pactar una reforma" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal". La colaboración entre ambos partidos está rota, dice, desde el fiasco de la reforma del Código Penal aprobada el pasado jueves con los votos de PSOE, CIU, ERC, CC y UPN. El PP se abstuvo, recuerda ABC, porque el texto ha sufrido tal número de cambios que sólo hay "sombras, huecos e inquietudes".