L D (Agencias) De este modo, los servicios jurídicos del Estado defiendieron este miércoles la suspensión de esta lista de cara a las elecciones europeas al entender que actúa como sucesora de Batasuna-ETA. "La coalición II-SP no efectuó una condena del terrorismo de ETA en sus alegaciones ante el Tribunal Supremo –pese a ser plenamente consciente de su valor contraindiciario– y, contra lo que se ha difundido en la prensa, sigue sin hacerla en su demanda de amparo", defiende el escrito de 20 folios, presentado por la Abogacía del Estado.
Según dice, "el asunto de la condena del terrorismo no puede salvarse con genéricos y abstractos rechazos a la violencia sino con la particular y concreta condena de la actividad terrorista de ETA". "Esta concreta desvinculación del terrorismo nacionalista vasco es aún más imperiosa en el presente caso porque el 'número uno' de la candidatura, Alfonso Sastre, publicó en 2003 un artículo titulado 'Por qué Batasuna no debe condenar la violencia de ETA'", añade.
En su recurso de amparo ante el TC, presentado el pasado lunes, II-SP manifestaba "de forma clara y sin ambigüedades que nunca ha utilizado medios que no sean estrictamente políticos, siendo el uso de la violencia completamente ajeno a su forma de acción y cultura política" y expresaba "un claro rechazo y condena del uso de la violencia para la obtención de objetivos políticos en el marco de un Estado Democrático".
No obstante, según alegan los servicios jurídicos del Estado, la condena de la violencia efectuada por el partido encabezado por el dramaturgo Alfonso Sastre se limita a una declaración de Corriente Roja de hace más de seis años y a la declaración que su candidato número 22 Luis Ocampo realizó cuando ETA asesinó al concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco en marzo de 2008.
"Nada de todo ello es relevante", replicó la Abogacía, que explicó que "Corriente Roja es una formación distinta a los partidos integrantes de la II-SP y a la coalición electoral que los reúne; pero es esta, no Corriente Roja, quien presenta candidatos y quien debería haber efectuado una condena clara y sin ambigüedad del terrorismo de ETA".
Asimismo, el escrito rechaza la postura de II-SP citando la doctrina del propio Tribunal Constitucional para recordar que en el entorno de la banda terrorista se emplea en ocasiones la condena de la violencia, pero para referirse a "una violencia originaria practicada por el Estado".
Por ello, la Abogacía consideró insuficiente la condena incluida por la candidatura anulada el pasado sábado por el Tribunal Supremo e insiste en que "ningún peso tiene el que los dos partidos coaligados hayan venido presentándose sin problemas a sucesivas elecciones -sin que sus candidatos hicieran declaración de condena alguna- o el que nunca hayan utilizado "medios que no sean estrictamente políticos"".
Continuidad de Batasuna
"Lo que aquí se dilucida no es la pasada actividad política de Izquierda Castellana o de Comuneros –partidos integrantes de la coalición– o de sus dirigentes y candidatos, sino si la candidatura II-SP que concurre a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 da o no da continuidad a la actividad de partidos disueltos por su vinculación a la banda terrorista ETA", matizó.
Por lo demás, el recurso presentado este miércoles por la Abogacía se dedica a rebatir los argumentos esgrimidos por la candidatura suspendida. En ese sentido, reitera las pruebas aportadas en su día ante el Tribunal Supremo e insisten en la validez de lo informes policiales en los que se basó su demanda de impugnación.
"Si verdaderamente II-SP no tuviera nada que ver con los partidos disueltos, no merecería la atención de la 'Izquierda Abertzale', ni esta tendría tanto empeño en proclamar su desvinculación para facilitar así la concurrencia electoral de la candidatura presentada por la coalición actora", zanjó el escrito en el además se reconoce la trayectoria dramática de Sastre –en el pasado candidato de Batasuna y Euskal Herritarrok–, pero matizó que "lo relevante es su trayectoria política, no su obra literaria".
"La promesa de ser pacíficos en periodo electoral no puede ser título para gozar del derecho a defraudar los pronunciamientos firmes de disolución de partidos por ser instrumentos de una banda terrorista", concluye el escrito de 20 páginas presentado este miércoles. El Tribunal Constitucional tiene de plazo para tomar su decisión hasta las 00.00 horas del próximo viernes (medianoche del jueves), momento en el que arranca oficialmente la campaña electoral de los comicios al Parlamento Europeo del próximo 7 de junio.