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LOS GRUPOS PIDEN MÁS TIEMPO

El Gobierno aplaza la aprobación del plan anticrisis

El Gobierno ha decidido aplazar al 9 de abril la aprobación del decreto ley de medidas contra la crisis, cuando tenía previsto hacerlo en el Consejo de Ministros del martes, debido a la falta de acuerdo con la oposición, aunque para partidos como el PP se trata sólo de una cuestión de imagen.

El Ejecutivo ha explicado que la decisión persigue dar más tiempo a la negociación con el fin de que el paquete de 54 medidas propuestas pueda contar con el respaldo suficiente para su posterior aprobación en el Congreso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, tenía intención de convocar una última reunión en el Palacio de Zurbano -el edificio del Ministerio de Fomento en Madrid donde se han celebrado las sesiones- el próximo lunes para cerrar el documento y que el Consejo de Ministros lo aprobara al día siguiente.

Casi toda la oposición mostró su rechazo a escenificar el acuerdo el próximo lunes, por considerarlo precipitado, lo que ha llevado al Gobierno a anunciar esta tarde que variaba el calendario previsto.

Algunos partidos como CiU, PNV y CC han expresado su satisfacción por este aplazamiento, aunque otros, como el PP, UPyD e ICV lo han achacado a que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, sólo busca la foto, en lugar de combatir con seriedad la crisis.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha afirmado a Efe que prolongar la negociación puede ayudar a "acercar las posiciones", aunque ha dejado claro que la prórroga "no prejuzga" que haya pacto antes del 9 de abril.

El PNV también ha considerado "lógico" que se haya dado más tiempo para seguir negociando a la vista de los pocos apoyos que Salgado había recabado.

El coordinador de Economía y Empleo del PP, Cristóbal Montoro, ha opinado que la prórroga evidencia el "miedo" y la "incapacidad" del Ejecutivo ante "el riesgo de quedarse solo".

"No es un problema de apoyos. Es evidente que al Gobierno le preocupa sólo la foto, y no sacar a España de la crisis", ha denunciado Montoro en un comunicado.

El dirigente del PP ha dicho no entender cómo medidas que su partido apoya, como la de aplicar el tipo reducido del IVA para obras domésticas, Zapatero "las demora por una simple cuestión de imagen".

El PSOE, a través del secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Gaspar Zarrías, ha lamentado que, mientras el Gobierno "lucha contra la crisis, el PP lo único que hace es luchar contra el Gobierno" sin dar "ninguna solución".

La diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha opinado que el aplazamiento denota que al Ejecutivo le interesa "más la foto" que promover fórmulas contra la crisis, lo que ha tildado de "penoso y patético".

Similar argumento ha esgrimido el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, quien ha advertido de que "mucho tendrían que cambiar las cosas" para que su partido apoye el documento.

El coordinador general de IU, Cayo Lara, en una carta a Salgado, ha rechazado su plan al ser "una mera política de reducción del gasto, con graves consecuencias sobre el gasto social y los servicios públicos".

El diputado de ICV, Joan Herrera, ha convenido en que el comportamiento del Ejecutivo es "la evidencia de lo mal que ha hecho las cosas hasta el momento".

Herrera ha pedido más seriedad y menos prisas al Ejecutivo, después de que "primero dijera que iban a ser dos meses de diálogo, luego que sería un real decreto ley y después, envió un documento a los partidos para que dieran su opinión en 24 horas".

Las 54 medidas están dirigidas a facilitar el acceso al crédito, fomentar la actividad industrial y empresarial y reactivar el empleo en sectores como el de la construcción y el turismo.

La llamada "comisión Zurbano", en la que están Salgado y los ministro de Fomento, José Blanco, e Industria, Miguel Sebastián, se puso en marcha el pasado 25 de febrero, una semana después de que Zapatero anunciara su creación en el debate sobre la crisis que hubo en el Pleno del Congreso.

Zapatero aseguró que el plazo máximo que se marcaba para tratar de llegar a un consenso era de dos meses, que se cumplirán en la segunda mitad de abril.

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