(Libertad Digital) El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este jueves admitir las abstenciones de la presidenta del órgano, María Emilia Casas, y del vicepresidente, Guillermo Jiménez, durante la deliberación que habrá de resolver el recurso presentado por el PP contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la llamada "enmienda Casas", una reforma de última hora introducida en junio por el Gobierno a su propio proyecto, con el único objetivo de prorrogar el mandato de tres años de la actual presidenta.
La continuidad de Casas se ha convertido en un objetivo trascendental para el Gobierno. La Ley del TC anterior a la última reforma del Gobierno de Rodríguez Zapatero obliga a renovar el Pleno al cumplirse los tres años de mandato.
Si no hay acuerdo político para la renovación, la Presidencia debe recaer en el magistrado de mayor edad; en este caso, Vicente Conde Martín de Hijas, a quien el Gobierno considera incontrolable y que poseería voto de calidad en todas las deliberaciones, un factor decisivo en un Pleno dividido en dos bloques casi iguales de magistrados "progresistas" y magistrados no progresistas.
El voto de calidad del nuevo presidente podría inclinar la balanza a favor de estimar el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Ésta es la clave de bóveda de la intrincada y sorda batalla que libra el Gobierno por el control del Tribunal Constitucional.
Si el Tribunal Constitucional estima, en primer lugar, el recurso contra la Ley reguladora del propio Tribunal y, por tanto, se obliga a María Emilia Casas a dejar la Presidencia, se abriría un periodo de negociación entre las fuerzas políticas para la renovación.
Lo previsible es que se mantenga el bloqueo que actualmente se da en el Consejo General del Poder Judicial. En este contexto, y sin opción de renovar el Pleno del Constitucional, la Presidencia recaería en el magistrado Vicente Conde, que disfrutaría de voto de calidad en la deliberación sobre el recurso contra el Estatuto de Cataluña, dentro de un previsible escenario de empate a seis.
El primer paso para impedir el control del Constitucional y, por consiguiente, de la trascendental sentencia sobre el Estatuto Catalán por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero era conseguir que María Emilia Casas no opinase en el Pleno sobre su propia prórroga en el cargo. Los magistrados no gubernamentales se han anotado un primer tanto, pero la batalla continúa.