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El Gobierno pretende zanjar su responsabilidad política en el escándalo Bono con la dimisión de Constantino Méndez

La sentencia inculpatoria por la detención ilegal de dos militantes del PP se ha cobrado, de momento, una sola víctima política, el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que presentó su dimisión este lunes por la tarde. El PSOE, sin embargo, ve "desmesurada" la sentencia mientras el Gobierno anuncia que la recurrirá. Desde el PP, que denunciará el caso en el Parlamento Europeo, Acebes y Rajoy han pedido el cese de José Antonio Alonso. "Ésta es la España de Zapatero", ha destacado AcebesEsperanza Aguirre ha dicho que "el presidente del talante consiente detenciones ilegales" de militantes de un partido.

L D (Europa Press)En rueda de prensa, que duró escasamente tres minutos, Méndez aseguró que aunque la sentencia no es firme y no comparte "en absoluto" su contenido, sus convicciones democráticas le llevan a presentar su dimisión "irrevocable", al tiempo que quiso dejar "bien claro que" el auto judicial afirma "tajantemente" que no hubo instrucciones políticas. Por tanto, Méndez reiteró que ha tomado esta decisión "por responsabilidad y en defensa de la profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Además, precisó que la sentencia va a ser recurrida por los afectados, lo que, a su juicio, "obliga a tener una actitud prudente sobre los contenidos de la misma", aunque no obstante mostró su "máximo respeto a las decisiones judiciales y la máxima confianza en la acción de la justicia".
 
Durante su intervención, el delegado del Gobierno destacó que a lo largo de todo el proceso de instrucción y del juicio oral "hay algo que ha quedado patente" y que se refleja en los hechos probados de la sentencia, y es que "en ningún caso ha existido ninguna orden ajena a la dinámica propia de la actuación del Cuerpo Nacional de Policía ni injerencia externa alguna en toda la actuación de los agentes".  "Tal y como se puso de manifiesto en su día y ahora confirma la sentencia, nadie, y repito, nadie en el ámbito del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno ordenó a la Policía encargada de la investigación de los hechos que se actuara de forma predeterminada contra persona alguna", añadió.
 
En este sentido, recordó que ante hechos como los que ocurrieron en esa manifestación "es una obligación de la Policía averiguar los delitos públicos y practicar la diligencias necesarias para comprobarlos, identificar a los autores, recoger las pruebas y ponerlas a disposición de la autoridad judicial". "En el caso que nos ocupa es algo objetivo que se produjeron hechos ilícitos en esa manifestación y que toda España pudo verlos. Es igualmente objetivo que la agresión de los derechos afectó tanto a los convocantes, cuyo derecho de reunión había sido perturbado por los violentos, como a las personas objeto de la agresión, insultos y amenazas. En suma, si la Policía no hubiera abierto diligencias previas sobre esos incidentes no habría cumplido con sus obligaciones", dijo.
 
En su opinión, es también "evidente, salvo para los que desconozcan el funcionamiento de las instituciones, que nadie en el nivel público puede ordenar una intervención, ni influir en ninguna instrucción policial". Así, consideró "más evidente" que un instructor policial no pueda aceptar esa interferencia y advirtió que si ésta se produjera y alguien afirma lo contrario "no solo estará mintiendo sino que estará calumniando". Finalmente, reiteró su confianza en la profesionalidad y buen hacer de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que, a su juicio, "se demuestran día a día en las diversas labores que desarrollan en beneficio del conjunto de los ciudadanos y en favor de la convivencia". "Ha sido un privilegio y un placer trabajar por la seguridad en Madrid. Muchas gracias", concluyó.
Constantino Méndez.

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