El documento del Gobierno son apenas 30 folios, de las que los 11 primeros son una mera introducción acerca de la situación económica actual. Luego, vienen las propuestas del equipo de Elena Salgado, aunque pocas de las mismas son lo suficientemente concretas como para saber la magnitud de su impacto.

Quizás lo más novedoso sea la propuesta de ofrecer créditos directos de "hasta 200.000 euros a Pymes y autónomos a través del ICO, con una cobertura de riesgo del 100%". El Ejecutivo asegura que, con esta medida, busca que "toda pequeña empresa solvente cuente con financiación".

De esta manera, el Ejecutivo recupera la banca pública, que no existía en España desde la privatización de Argentaria en la década de los noventa. El problema es que no se especifica la cantidad con la que se dotará al ICO, por lo que es complicado imaginar su importancia en el día a día de las pymes y cuántas podrán acogerse a la misma.

Rehabilitación

El resto de apartados que el documento integra bajo el epígrafe de "medidas prioritarias para la recuperación del empleo y del crédito" implican la reducción del IVA para rehabilitación de viviendas (8% desde el 1 de julio), la deducción en el IRPF del 10% de las obras realizadas en la vivienda habitual que tengan por objeto la "rehabilitación energética o accesibilidad para personas con movilidad reducida".

En resumen, medidas destinadas a recuperar el tan denostado sector del "ladrillo" y que se parecen mucho (en lo que hace referencia a la eficiencia energética) a las ya anunciadas en el proyecto de Ley de Economía Sostenible aprobado por el Consejo de Ministros hace un mes.

Cuatro ejes

El resto de las medidas, divididas en "cuatro ejes de actuación", tampoco concretan mucho más las intenciones del Ejecutivo. Así, se habla de "simplificación administrativa", "fomento de la política industrial", "esfuerzo" para reducir el déficit público y estabilidad del sistema financiero, aunque sin definir en qué se traducirán exactemente esas grandes palabras.

Lo más interesante para las empresas sería la obligación a las administraciones públicas de pagar a "30 días" (también se incluye una medida para que las grandes empresas paguen a sus proveedores como máximo a 60 días), aunque habrá que comprobar lo que tengan que decir ayuntamientos y comunidades.

Entre las buenas intenciones del Gobierno, también se encuentran la extensión de los principios de buena regulación y simplifación de los contenidos de"la directiva de servicios al transporte, la energía y las telecomunicaciones", un "compromiso para que España alcance un nivel de inversión en I+D del 2,5% en 2015", "favorecer el transporte público" o el "impulso de las agrupaciones de Pymes". Todas ellas propuestas genéricas que no se concretan.

Además, el documento habla de diversos incentivos (al turismo, la industria, automoción, internet o la agricultura), pero sin detallar la cantidad de esos incentivos ni cómo se desarrollarán.