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Su propuesta de reformar la ley de Libertad Religiosa para avanzar en la "laicidad" del Estado ha cosechado el inmediato rechazo del portavoz del PP, Federico Trillo, quien ha pedido al Gobierno que deje "las cosas como están" ante el temor de que ese sea "un pretexto para hacer una ley contra determinadas creencias" como la suya, la católica.
Según ha señalado De la Vega, el Gobierno quiere reformar la ley orgánica de Libertad Religiosa, que data de 1980, para "adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso" que caracteriza a "la España de hoy". La nueva ley, ha añadido, deberá establecer garantías para la libertad de conciencia e incorporar los acuerdos hoy vigentes entre el Estado y otras confesiones religiosas, además de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los últimos años
Sobre la posible reforma de la ley electoral, De la Vega ha avanzado que el Gobierno promoverá de inmediato una subcomisión en la Comisión Constitucional del Congreso para estudiar la cuestión y que pedirá al Consejo de Estado un dictamen que sirva como instrumento de trabajo. La propuesta ha recibido el aval de todos los portavoces parlamentarios, al igual que la iniciativa de reformar la Constitución, a pesar de que formaciones como el PNV y ERC han abogado por cambios más amplios que los propuestos por De la Vega.
No obstante, el portavoz del PP, Federico Trillo, si bien ha dejado claro que su grupo no se opone a la reforma de la ley electoral, ha pedido que los cambios no afecten en ningún caso al derecho al voto de todos los españoles, que han de desempeñar en condiciones de igualdad en cualquier parte del territorio nacional.
Junto a estas cuestiones, De la Vega ha propuesto también a los diputados la reforma constitucional que fue imposible alcanzar en la pasada legislatura. Se tratará, ha afirmado, de una reforma "pactada y limitada" para convertir el Senado en verdadera Cámara de representación territorial, incorporar la denominación de las Comunidades Autónomas en la Carta Magna, garantizar la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado e introducir el proceso de integración europea.
En suma, una reforma "necesaria, justificada y demandada", según De la Vega, quien ha confiado en encontrar el consenso necesario, aunque ha advertido que de no lograrse, aparcaría la cuestión.
Otra de las novedades expuesta por la vicepresidenta ha sido la elaboración de un "plan de derechos humanos", que estaría preparado antes de fin de año y que ha recibido el rechazo rotundo del PP.
Por otra parte, De la Vega se ha comprometido a abordar el desarrollo reglamentario de la ley de la memoria histórica y ha reiterado la intención de aprobar una ley integral para la Igualdad de Trato.
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