El contenido de las negociaciones entre el Gobierno y ETA durante la tregua de la pasada legislatura ya es de dominio público. Las actas, un resumen pormenorizado de las conversaciones entre los emisarios del gobierno y los jefes de ETA, desvelan interioridades que colocan al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en una posición insostenible, lastrado para abordar cualquier proceso con los terroristas y deslegitimado en materia de lucha antiterrorista.
Tras la publicación por parte de El Mundo de las actas, El País ha confirmado punto por punto la información de su competidor. Además, ha añadido algunos datos que lejos de preservar al Gobierno dan una nueva vuelta de tuerca sobre la credibilidad de Zapatero, Rubalcaba, del lendakari Patxi López y del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren. En el diario progubernamental se llega a leer: "Que el Gobierno salga reforzado en las elecciones generales es imprescindible para implementar el proceso". Semejante consideración de los emisarios de Zapatero y Rubalcaba se produjo en mayo de 2007, cuando ETA ya había matado a dos personas, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, los dos ecuatorianos asesinados en el atentado de la T-4, en diciembre de 2006.
También desvela El País que ETA quiso hablar directamente con Zapatero, a quien los terroristas se refieren como "Gorburu", y los desesperados intentos gubernativos por mantener vivo el denominado "proceso de paz", su voluntad inequívoca de reanudar tal proceso tras la bomba de la T-4, la necesidad de que las reuniones fueran "secretas", las causas del cese del fiscal Fungairiño, la promesa de tratar a cuerpo de rey a De Juana Chaos, los lamentos por la actitud de las víctimas y algunos jueces, así como el reconocimiento explícito del chivatazo a ETA en el bar Faisán (previo al comienzo de las negociaciones) como acto de buena fe del Gobierno.
En la primera de estas reuniones tras el brutal atentado de la T-4, el Ejecutivo avisa a los emisarios de la banda que las reuniones "deben ser secretas" y como gesto a los etarras desde el Ejecutivo se dice que "no les gusta la ley de partidos" y que en próximas reuniones "habrá que "abordar el tema de la legalización". Y fue en esta reunión donde se trató la importancia para el proceso de unos buenos resultados electorales por parte del Gobierno.
En un segundo encuentro, los emisarios gubernamentales aseguran que "se pueden manejar los tiempos" y que "si no hay delitos de sangre se tomarán medidas procesales penitenciarias para un régimen de libertad o similares". Incluso llegan a hablar de "flexibilizar medidas penitenciarias".
Del mismo modo, en esta reunión entre Gobierno y ETA se abordó el tema del acercamiento de presos al País Vasco e incluso el indulto, si el proceso sale bien. Pero lo más relevante es el hecho de que el Ejecutivo se comprometa a que "con delitos de sangre solo acceden a libertad tras el desarme de ETA". Igualmente, informaba a la banda que "los delitos cometidos tras el alto el fuego serían un paquete de negociación a parte".