José Blanco ha asegurado este martes que no quedará impune una conducta que ha vulnerado la ley en relación con las bajas masivas de los controladores aéreos y el caos provocado por esta situación, al tiempo que afirmó que existen controladores suficientes para cubrir a los que sean sancionados.
"No somos rehenes de una situación para no poder resolverla y ninguna conducta será impune y por tanto toda tendrá sanción", subrayó el titular de Fomento. De este modo, ha insistido en que las sanciones impuestas a los controladores se graduarán en función de la responsabilidad y de las alegaciones a las que tienen derecho en un expediente que es individual.
Tras resaltar que el Gobierno tiene la voluntad de cerrar los conflictos y de acabar con los privilegios de este colectivo, Blanco afirmó que el Ejecutivo ha convocado en torno a 200 nuevas plazas de controladores, por lo que habrá profesionales suficientes en el mercado en poco tiempo para poder hacer frente a situaciones como las registradas este fin de semana sin depender de los que en la actualidad están desempeñado sus funciones.
Preguntado por si esta crisis de los controladores le ha venido bien al Gobierno, Blanco señaló que cualquier cosa que le venga mal a España "no le viene bien al Gobierno" y esta crisis, ha dicho, "ha sido mala para España". El ministro de Fomento aseguró que se ha sentido "muy apoyado" estos días por algunos presidentes de gobiernos autonómicos del PP e incluso por algún ex ministro 'popular', pero no ha querido dar nombres.
Por su parte, la Fiscalía ha indicado que distinguirá entre los controladores dirigentes y los controladores de base a la hora de juzgar los delitos en los que pudo incurrir el colectivo al abandonar sus puestos de trabajo el viernes, al inicio del puente de la Constitución, lo que provocó el cierre del espacio aéreo español y la declaración del estado de alarma.
De este modo, los controladores de base podrían recibir un trato más favorable si prueban que fueron coaccionados para abandonar su puesto de trabajo, supuesto en el que se tendría más en cuenta la responsabilidad de los dirigentes, según ha reconocido el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en una conversación informal con los periodistas.
Asimismo, confirmó que el procedimiento seguirá la vía ordinaria, puesto que al parecer no se ha registrado ninguna desobediencia militar, desde que este sábado se decretara el estado de alarma, por el cual los controladores comenzaban a estar sujetos al Código Penal Militar.
En este sentido, Conde-Pumpido ha matizado que la Audiencia Nacional no tiene competencias en este asunto, porque el delito contra el tráfico aéreo no está encuadrado dentro de los que corresponden a dicha instancia judicial (terrorismo, delincuencia organizada, etcétera).
Por tanto, la Fiscalía irá iniciando procedimientos en las distintas audiencias provinciales y, para depurar responsabilidades, irá citando allí a los controladores que, con su abandono, han perturbado la navegación aérea.