L D (EFE) La declaración institucional ha sido leída este domingo por el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Javier Madrazo, ante la escultura de Néstor Basterretxea, instalada en el parque de Doña Casilda, de Bilbao. El Ejecutivo vasco ha comunicado que la Ley de Memoria Histórica deberá "asumir la responsabilidad del Estado en relación con la reparación a las víctimas del franquismo", así como "garantizar la conservación y el acceso a los archivos" y "reparar las consecuencias derivadas de la violación de derechos humanos que por razones políticas, religiosas, raciales, de género o por orientación sexual sufrieron colectivos específicos".
La misma ley deberá servir también, a juicio del Gobierno vasco, para "establecer propuestas activas de localización de fosas, identificación de restos y devolución a sus familiares", además de "revisar y anular, en su caso, las sentencias dictadas por los tribunales militares", y "retirar todos los símbolos e identificaciones vinculados al régimen franquista".
Propone, asimismo, la convocatoria de actos de homenaje y recuerdo como tributo a las víctimas del franquismo, y la constitución de una Comisión u "Órgano de la Verdad" que recoja y publicite los testimonios y la historia de la guerra civil y la represión franquista. El tripartito vasco, PNV-EA-EB, pide "a todas las instituciones y agentes políticos y sociales un compromiso activo con la memoria histórica".
Después de indicar que la guerra civil y la dictadura "nos impidieron manu militari ejercer nuestro derecho a decidir sin imposiciones y sin más límites de la voluntad popular", el Gobierno vasco ha manifestado que "hoy, cuando se celebra el setenta aniversario del llamado alzamiento nacional, no puede ocurrir lo mismo".
Esta declaración será remitida por el Ejecutivo autonómico al presidente del Gobierno, a los presidentes del Congreso y el Senado, al Parlamento vasco, a la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) y a todos los agentes políticos, sociales e institucionales.
La misma ley deberá servir también, a juicio del Gobierno vasco, para "establecer propuestas activas de localización de fosas, identificación de restos y devolución a sus familiares", además de "revisar y anular, en su caso, las sentencias dictadas por los tribunales militares", y "retirar todos los símbolos e identificaciones vinculados al régimen franquista".
Propone, asimismo, la convocatoria de actos de homenaje y recuerdo como tributo a las víctimas del franquismo, y la constitución de una Comisión u "Órgano de la Verdad" que recoja y publicite los testimonios y la historia de la guerra civil y la represión franquista. El tripartito vasco, PNV-EA-EB, pide "a todas las instituciones y agentes políticos y sociales un compromiso activo con la memoria histórica".
Después de indicar que la guerra civil y la dictadura "nos impidieron manu militari ejercer nuestro derecho a decidir sin imposiciones y sin más límites de la voluntad popular", el Gobierno vasco ha manifestado que "hoy, cuando se celebra el setenta aniversario del llamado alzamiento nacional, no puede ocurrir lo mismo".
Esta declaración será remitida por el Ejecutivo autonómico al presidente del Gobierno, a los presidentes del Congreso y el Senado, al Parlamento vasco, a la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) y a todos los agentes políticos, sociales e institucionales.