El informe policial sobre la presunta financiación ilegal del PP de Valencia se encuentra en "un limbo judicial" al no estar sujeto a ninguna de las instrucciones judiciales que se siguen para investigar la red corrupta del 'caso Gurtel' liderada por Francisco Correa en sus diferentes ramificaciones, según han informado fuentes jurídicas.
El documento, publicado por los diarios El País y El Mundo, detalla la trama de financiación ilegal en Valencia, incluyendo grabaciones entre miembros de la 'red Gürtel' y dirigentes del PP valenciano. Las escuchas, que requieren de una orden judicial, provienen de las actuaciones dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Las conversaciones del informe, que datan de diciembre de 2008 y enero y febrero de 2009, corresponden a los meses en los que Garzón investigaba la trama. En uno de sus autos, el juez ya hablaba de la necesidad de investigar los indicios de irregularidades en la financiación del Partido Popular de Valencia.
Ahora, el documento policial se encuentra en "un limbo judicial" al no formar parte de ninguna de las instrucciones abiertas, la del TSJM dirigida por el juez Antonio Pedreira y la del Supremo conducida por Monterde Ferrer por la vertiente que investiga al ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y al diputado popular Jesús Merino.
Fuentes del TSJM, las hipótesis judiciales que se abren son diversas: desde que la Fiscalía Anticorrupción pida ampliar la querella para que el informe se incorpore en la investigación del TSJM o desde que se remita al TSJV para que se abra una causa diferente a la archivada por cohecho impropio por supuesta financiación ilegal del PP valenciano.
Otra de las posibilidades es que el informe policial se podría enviar al Supremo por delito conexo con los hechos que investiga el Alto Tribunal por los presuntos delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.
El secretario general del PP, Ricardo Costa, acusó ayer al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de fabricar los informes contra el PP. Según Costa, éste se encargó para impedir que el Tribunal Superior de Valencia archivara el procedimiento abierto por un delito de cohecho impropio.
Informe partido
Al inhibirse Garzón de la investigación, la Brigada de Blanqueo de la Policía repartió cuatro copias del informe: a la Fiscalía Anticorrupción; a la Fiscalía del Tribunal Supremo; al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM); y al Tribunal Superior de Valencia.
El informe no se incluyó en la causa que investigaba el juez valenciano José Flors porque versaba sobre un delito de cohecho impropio en relación con los trajes regalados al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Campos, por parte de miembros de la trama corrupta. Este proceso, que se dirigía contra cuatro altos cargos del PP valenciano, se encuentra archivado y pendiente de recurso en el Tribunal Supremo.
Este mismo lunes el PSOE valenciano y la Fiscalía interpusieron ante el Tribunal Supremo sus respectivos recursos de casación contra el archivo del proceso en el TSJCV. Los recursos se dirigen contra el auto dictado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Valencia que acordó el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra Camps y otros tres responsables políticos que habían sido imputados, al considerar que los hechos investigados en relación con el 'caso Gürtel' no son constitutivos de delito.