LD (EFE)  El magistrado juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público, por retrasar la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica. La condena incluye una indemnización de 6.000 euros y el pago de las costas, también las de la acusación particular.

El fiscal y la acusación particular habían solicitado en sus conclusiones provisionales 18 y cuatro años, respectivamente, de inhabilitación, aunque en la última sesión del juicio, el pasado día 3, dejaron a criterio de la Sala el que pudiera imponer una pena inferior si apreciaba que Ferrin había cometido este delito no de forma intencionada sino por imprudencia.

No había intención de suspender la adopción

El tribunal, del que ha sido ponente el magistrado Julián Pérez-Templado, llega a la conclusión de que "no existe en la mente del inculpado, con todos los riesgos que conlleva hacer conjeturas sobre las intenciones, un plan preconcebido para conseguir que la adopción no se produjese". "Más bien --añade-- lo que transpiran las actuaciones del señor juez es una voluntad retardataria, inventando trámites inexistentes o innecesarios, como la exigencia de un procurador o la asistencia de abogado".

Al analizar la conducta del acusado, la Sala concluye también que "sus decisiones o actitudes nos llevan, en esencia y resumen, a concluir que lo que en verdad intentaba era retrasar al máximo la resolución del asunto, bien por la esperanza de que prosperara el recurso formulado por un partido político o bien para aburrir".

Al estudiar la resolución de Ferrín de que los psicólogos de la Comunidad Autónoma le informaran sobre la influencia que tendría en el desarrollo de la pequeña el convivir con dos madres, comenta el tribunal que "sólo puede deberse a una razón: el matrimonio homosexual es dañino para ella porque así lo ha decidido él, diga lo que diga la ley".

Frente a la indemnización solicitada por las acusaciones, que pidieron 18.000 euros, la sentencia considera más justa la de 6.000, entre otros razonamientos, porque la adopción fue finalmente aprobada por el juez que sustituyó a Calamita al ser éste suspendido de empleo y sueldo por decisión del Consejo General del Poder Judicial.

Velar por el interés de la menor

Por su parte, Ferrín Calamita ha defendido durante todo el proceso que su intención era velar por el interés de la menor. "Mi única intención fue garantizar lo mejor para la niña", llegó a manifestar durante el proceso". Además, el juez de Familia de Murcia denunció que había sido sometido a chantaje por parte de la defensa de las demandantes y que perseguido por su condición religiosa, ya que es católico. Además, Calamita se considera víctima de una campaña de acoso y derribo por parte de determinada prensa.

A la lectura pública del fallo, que se ha celebrado este martes en la sede del Tribunal Superior de Justicia, sólo asistieron los miembros de la Sala y el letrado de la acusación particular, José Luis Mazón. El abogado dijo al conocer la sentencia que "hoy es un día luminoso para la Justicia, en la que, por desgracia, hay muchos días opacos, porque ha brillado el principio de la responsabilidad".