Así lo indica el auto dictado hoy por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) José Flors, quien sostiene que estos hechos pueden constituir un delito de "cohecho pasivo", por aceptar "dádivas o regalos" ofrecidos "en consideración a su función".

La resolución atribuye una conducta similar al secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Las Cortes, Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, todos ellos imputados por cohecho.

"Según parece desprenderse de las diligencias de investigación practicadas hasta ahora", los imputados "resultaron beneficiados por la recepción de las prendas de vestir cuyo precio pagó un tercero", indica el magistrado.

Además, precisa que, aunque el precio de esas prendas pudiera parecer "escaso o ridículo en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de las personas obsequiadas", esto "no es excluyente del desvalor de su acción objetivamente considerada".

Sin embargo, la finalidad de estos regalos "no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación", indica el juez.

El auto relata que a principios de 2006, Camps fue a una tienda de la cadena Milano en Madrid por indicación de Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, filial valenciana de la empresa Special Events que gestionaba Francisco Correa, en prisión provisional por liderar la trama de corrupción supuestamente vinculada al PP.

Allí adquirió diferentes prendas y fue atendido por el sastre José Tomás, quien posteriormente se trasladó a la tienda Forever Young, donde siguió recibiendo encargos del presidente de la Generalitat.

Camps admitió ante el juez haber encargado cuatro trajes a medida en esta última tienda y aseguró haberlos pagado en metálico en el momento de recogerlos.

No obstante, el magistrado afirma que "no existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de los trajes, como afirmó el Sr. Camps en su declaración", ya que los documentos aportados por la tienda no corresponden con el número de prendas ni con las fechas en las que Camps dijo haber efectuado los pagos.

"Sí hay, en cambio, constancia de que el pago pendiente generado por la operación de los cuatro trajes -por valor de 2.880 euros- se canceló, junto con otras englobadas en una deuda de mayor importe, con cargo a unos cheques librados por la entidad Servimadrid Integral", señala el auto.

El presidente de la Generalidad adquirió otras prendas sobre las que tampoco existe constancia de que las pagara en metálico, como un par de zapatos que aseguró haber abonado "en el acto y en efectivo", pero cuyo precio -120 euros- "debió" ser satisfecho por Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PPdG y encarcelado por esta causa.

Asimismo, el auto señala que tampoco existe constancia de que el resto de imputados abonara el precio de las prendas que recibieron "directa ni indirectamente" al establecimiento vendedor, "y sí la hay en cambio" de que los importes fueron pagados "mediante la entrega de dos cheques librados contra la cuenta de Orange Market".

El magistrado destaca además la "patente preocupación" que mostraron el secretario general del PPCV, el responsable de Orange Market y el sastre José Tomás, en unas conversaciones telefónicas mantenidas justo después de que este último fuera citado por la Fiscalía para declarar.

Esta cadena de conversaciones evidencia la "intranquilidad" de todos ellos "porque se descubra lo que estos hechos significan, su afán por reunirse para buscar una salida" y convenir "un modo de arreglarlo", así como su "inquietud" por "la trascendencia del hecho" debido a la "relevancia política de las personas implicadas".

En cuanto a la declaración de José Tomás, el magistrado señala que de ella "no se desprende ningún sentimiento de enemistad, odio o venganza" hacia los imputados, y de sus actuaciones no se advierte "malevolencia o por animadversión" del sastre.

"Es más -añade-, tras reiterar que no le movía otro impulso que el de contar la verdad, dijo que tenía en gran consideración a alguna de esas personas (concretamente, el señor Camps)".