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El juez acusa a Matas de urdir una trama que desvió 41 millones de euros

En un auto repleto de indicios, el juez imputa a Matas 12 delitos penados con 64 años de cárcel, como cabecilla de una trama que desvió 41 millones de euros (7.000 millones de pesetas) del Palma Arena. Matas tiene 72 horas para pagar 3 millones de fianza o irá a prisión provisional.

Libertad Digital
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Jaume Matas, en los juzgados | Archivo

Tal y como pedía el fiscal, el juez del caso Palma Arena ha decretado prisión provisional con fianza de tres millones de euros para Jaume Matas. Le imputa, en un demoledor auto, doce delitos penados con 64 años de cárcel. "Ha venido aquí a burlarse de los simples mortales", espeta el magistrado.

En un demoledor auto de 147 páginas, el magistrado José Castro enumera los múltiples indicios que le han llevado a adoptar la prisión provisional eludible bajo fianza de tres millones de euros para el ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas. Una medida cautelar que se postula como una de las fianzas más altas interpuesta a un político por un caso de corrupción.

El juez cree que en torno al ex dirigente del PP existe una "farsa orquestada", a través de la “que se ha visto favorecido con un incremento patrimonial a todas luces notorio”, para ocultar que era él quien tomaba personalmente las decisiones relativas a la construcción del velódromo Palma Arena.

Detrás de esta “farsa”, la Justicia apunta a que se encontraría el presunto desvío de más de 41 millones de euros llevado a cabo entre los años 2005 y 2007. Además, el titular el juzgado de instrucción Número 3 de Palma de Mallorca cree “el Palma Arena era un proyecto personal de Matas, como ponen de manifiesto sus más inmediatos colaboradores en sus respectivas declaraciones judiciales”.

Según el auto, el popular “dirigía de forma efectiva dicho proyecto a través, básicamente, del ex director general de Deportes, José Luis Ballester, con lo que se reunía con el frecuentemente para tratar dicho proyecto, excluyendo directamente a la responsable máxima de deportes, la Consellera Rosa Puig”.

Reza el auto que Matas, "a efectos de ostentar un control directo sobre el proyecto y dar una cobertura formal a sus decisiones", encargó a su entonces directora general de Gabinete, Dulce Linares y a Ballester "llevar las actuaciones necesarias para tal fin bajo su supervisión y control directo", y ordenando a sus subordinados en el proyecto que hicieran lo que ambos indicaran.

Reuniones falsas

Asimismo, atribuyó la gestión del velódromo a la Fundació Illesport con el objetivo de "eludir los controles ordinarios técnicos, de intervención y fiscalización del Govern". Todas las actas de las reuniones de este órgano, añade el juez, "son falsas" y Matas era quien ordenaba confeccionarlas con el contenido que "facilitaba previamente y las firmaba tras su confección".

Así, entre las medidas que aprobó el patronato de la Fundación, presidido por Matas, pese a que "nunca" celebró ninguna reunión, fue la contratación "directa sin expediente ni procedimiento administrativo" del arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann; el endeudamiento del Gobierno en nueve millones para ejecutar la infraestructura, y la petición de una aportación económica al Ejecutivo balear por 46,4 millones.

"La orden era terminar como sea, a cualquier coste. El fin justifica a los medios", espetó el magistrado en el auto.

"Burlarse de los mortales"

Además, el juez, con un vocabulario poco usual para un auto de medidas cautelares, señala que “es claro que el señor Matas ha venido a burlarse de los simples mortales”.
 
El juez afirma que, si bien "cabía esperar" que el popular ofreciera explicaciones que pudieran "desvirtuar los abrumadores elementos de cargo que pesaban sobre él", finalmente su larga declaración de quince horas resultó tener un "escueto" contenido. La respuesta a esta paradójica situación es, según el juez, "simple": "Se invirtió más en formular las preguntas que en el desarrollo de las respuestas, que en su generalidad brillaron por su ausencia".

“Cuando se le pregunta por las actas de la Fundación Illesport que aval con su firma se encoge de hombros contestando que él no la presidía y cuando se le insiste en que sí era su Presidente le quita toda la importancia al asunto diciendo que sólo asistió a la primera reunión y que alguien se las debió pasa a la firma”, añade al auto.

Además, Castro , que no escatima en adjetivos, explica en su escrito que en gran parte de su declaración "Matas se limitaba a manifestar que nada tenía que decir, sin duda haciendo uso de un derecho que agotó, o contestando con la referencia de que su cargo no le permitía entrar en menudencias de las que responsabilizaba a los mandos inferiores aunque sin atreverse a pronunciar sus nombres y empelando con mucha frecuencia la expresión, rayana de divinidad, de hágase para aludir a la manifestación de su voluntad política”.

En el auto, el juez da por hecho que “con seguridad absoluta” el piso de Madrid “es de Jaume Matas” y añade que parte del dinero “malversado” podría estar escondido en Norteamérica. “Es residente en los Estados Unidos y se sospecha que en ese país o en otro vecino pueda guardar el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos”, espeta.

"Resulta imposible que con los ingresos declarados por la familia Matas-Areal pueda acumularse tal patrimonio y más imposible aún si se hacen compatible stales adquisiciones con un tren de vida de absoluto derroche y ostentación".

Doce delitos

El magistrado imputa al ex presidente balear la presunta comisión de doce delitos de corrupción, penados con hasta 64 años de cárcel. Al ex ministro de Medio de Ambiente se le acusa de siete delitos de malversación de caudales públicos, un delito de falsedad en documento oficial, otro de prevaricación administrativa, uno de fraude a la Administración, uno de blanqueo de capitales y un delito electoral.

A su cuñado Fernando Areal, que fue gerente del PP balear y al que ha retirado el pasaporte, el juez le acusa de tres delitos: dos de blanqueo y un delito electoral. Estos delitos conllevarían una pena máxima de 15 años de cárcel.

A partir de ahora, el reloj corre en contra de Matas. El político tiene 72 horas –en este caso, hasta el próximo miércoles dado que hay festivos en medio- para depositar tres millones de euros si quiere eludir la cárcel. El magistrado justifica esta altísima fianza, tal y como pidió el fiscal, dado el alto riesgo de fuga que existe y para evitar la ocultación y destrucción de las fuentes de prueba relevantes para la investigación.

Además, el juez ha retirado definitivamente el pasaporte a Matas y le ha prohibido salir del territorio nacional, medidas que también ha adoptado contra su cuñado Fernando Areal, ex tesorero del PP balear, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado ha acordado dar un plazo de 72 horas para pagar la fianza al ex presidente balear, quien, al igual que su cuñado, deberá comparecer quincenalmente en el Juzgado, "así como cuantas veces fuera llamado", afirma el auto judicial.

Matas, quien el lunes pidió la baja temporal en el PP, que se le aceptó, tiene prohibido también salir de España, por lo que no podrá volver a Estados Unidos, donde trabajaba y tenía su residencia desde el año 2008. Su baja temporal como militante del PP se produjo tras 17 años en la formación.

El caso Palma Arena comenzó a investigarse en agosto de 2008 cuando el juez y la Fiscalía decidieron abrir una instrucción sobre la presunta comisión de delitos en la construcción del citado velódromo. Desde entonces la lista de imputados ha ido en ascenso y ya son más de treinta personas las implicados.

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