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El juez pide a Exteriores el informe desaparecido sobre los vuelos de la CIA y cita a su autor

Ismael Moreno, que investiga desde junio de 2006 los vuelos de la CIA en territorio español, citará a declarar al ex director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, presunto autor del informe desaparecido sobre estos vuelos.

Ismael Moreno, que investiga desde junio de 2006 los vuelos de la CIA en territorio español, citará a declarar al ex director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, presunto autor del informe desaparecido sobre estos vuelos.

L D (Agencias) Moreno llevará a cabo la declaración testificial de Aguirre de Cárcer una vez que reciba el citado informe, que ya ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras ello, fijará una fecha para el interrogatorio, según consta en dos providencias que fueron notificadas hoy a las partes personadas en la causa.

Aguirre fue el supuesto encargado de redactar el informe dirigido al entonces ministro, Josep Piqué, y al secretario de Estado, Miguel Nadal, en el que se daba a ambos información sobre las escalas, según publicó el diario El País. En él se decía que Estados Unidos había solicitado al Gobierno español autorización para realizar paradas en España de vuelos "para trasladar a prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba".

El juez reclama además al Ministerio de Asuntos Exteriores que certifique si Piqué y Nadal recibieron este documento y que le remita la carta que Aguirre de Cárcer envió al secretario general de Política de Defensa (Segenpol), Javier Jiménez-Ugarte, el 1 de diciembre de 2002, y donde le informaba de la intención de contestar afirmativamente a la petición de EE.UU. de permitir el paso y las escalas de los vuelos de la CIA con destino a Guantánamo.

También se dirige a la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano para que le remita una copia de la nota informativa que redactó el 11 de enero de 2002 para el Departamento de Jiménez-Ugarte, y en la que reflejaba, en consonancia con esta misiva, el respaldo del Gobierno español a la realización de estos traslados en avión. Requiere además a Exteriores cualquier documento de la Dirección General de Política Exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme relacionado con los hechos.

El magistrado aún no ha tomado una determinación sobre la solicitud realizada por el Ministerio Público para que procediera a tomar declaración también a los trabajadores, oficiales y controladores de las bases de Morón, Torrejón y Rota que estaban trabajando en el momento de realizarse las escalas de la CIA.

Testigos de las operaciones

El juez responde de forma positiva a la petición del fiscal Vicente González Mota, de pedir a la Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo del Aeropuerto de Torrejón, el plan de vuelo y la relación de tripulantes del traslado aéreo que se realizó el 18 de julio de 2005 y 20 de agosto de 2005. La intención de la Fiscalía es que el juez llame a declarar al encargado de esta oficina, al técnico y al coordinador de programación y operaciones del aeródromo para que expliquen "las operaciones efectuadas en el aeropuerto" por los vuelos investigados.

También requiere a la Comisaría General de la Policía Judicial toda la información sobre las llamadas que efectuaron en el Hotel Royal Plaza de Ibiza entre los días 12 y 16 de febrero de 2005, los 8 miembros de la tripulación de uno de los vuelos que hizo escala en España, y le pide un informe con objeto de esclarecer su identidad y su habilitación como pilotos profesionales.

Moreno reitera también la necesidad de obtener respuesta a las comisiones rogatorias libradas a Suiza, en la que se solicitaba información sobre el traslado en uno de esos vuelos del clérigo egipcio Abu Omar, secuestrado en este país y a Italia.

Además de la Fiscalía, en esta causa está personada como acusación popular una plataforma de ciudadanos denominada Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), que inició el proceso en un juzgado de Palma de Mallorca, y a la que se adhirieron tanto IU como la Asociación Libre de Abogados (ALA), una vez que la causa comenzó a investigarse en la Audiencia Nacional.

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