Si el juez Baltasar Garzón tiene algún defensor a ultranza, éste es el diario El País. El rotativo de Prisa dedica este lunes su editorial, titulado “La aberración”, a defender a capa y espada al juez que hasta ahora había sido intocable. 

Según El País, es una “aberración histórica” que los “herederos ideológicos del franquismo sienten en el banquillo al juez que intentó investigar los crímenes de aquel régimen”, refiriéndose a Garzón y a la causa general que abrió al franquismo y que con toda probabilidad le va a costar, al menos temporalmente, su plaza en la Audiencia Nacional.

El contundente auto en el que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ratifica los indicios de que Garzón pudo haber cometido un delito de prevaricación contiene la siguiente máxima: “La conciencia del juez no puede erigirse en tribunal de la conciencia de la ley". Algo que el magistrado intentó hacer cuando abrió su causa general al franquismo y que según El País sólo sucede cuando una “actuación es manifiestamente contraria a derecho y queda fuera de lo jurídicamente defendible”. El periódico de Prisa, ni corto ni perezoso, se adelanta a la decisión del Alto Tribunal y afirma: “No es el caso”.

Además, señala el editorial que “la competencia de Garzón en la causa contra el franquismo suscitó una controversia jurídica que quedó resuelta por el órgano competente: la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Cierto. Sólo que olvida decir también que el fallo de la Sala fue declarar a Garzón incompetente para instruir esta causa; eso sí, piruetas jurídicas del juez estrella mediante.

Tampoco muestra reparo alguno la cabecera de Prisa a la de afirmar que el hecho de que Varela vea serios indicios de prevaricación en Garzón “constituye una deducción temeraria” por parte del juez del Supremo.

En el auto se aseguraba que Garzón decidió conscientemente "ignorar u orillar" la Ley de Amnistía para investigar la Guerra Civil y el franquismo ya que hizo una interpretación “al margen de cualquier interpretación razonable de las normas de nuestro ordenamiento jurídico”. Algo que para El País, más puesto en jurisprudencia que el propio Tribunal Supremo, es radicalmente falso. Según citado diario “ni la Ley de Amnistía ni la de Memoria Histórica pueden coartar la autonomía del juez penal en la averiguación del delito”.