L D (Europa Press) Alfonso Rueda, secretario general del PP de Galicia, acusó este miércoles a la Consejería de Política Territorial de pretender "vaciar deliberadamente" las arcas públicas de la Xunta para "limitar el margen de maniobra e hipotecar" la capacidad del próximo Gobierno gallego con "adjudicaciones masivas" pese a estar en funciones.
En un comunicado, Rueda atribuye a la consejera de Política Territorial, María José Caride, "un claro ejercicio de deslealtad" institucional, más propio de un país bananero que de una democracia occidental". Según los cálculos del número dos de los populares gallegos, el departamento en funciones continúa con los trámites para efectuar "adjudicaciones masivas" antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno, a mediados del próximo mes de abril, que se elevan a "alrededor de 130 millones de euros".
Al respecto, indica que este departamento continúa tramitando una decena de concursos de obra pública que suponen un presupuesto de 129,2 millones de euros, "a pesar de que en alguno de los casos ni siquiera dispone de los terrenos necesarios para ejecutar las obras". Además, Rueda dice que a esta cifra hay que sumar los concursos que continúa tramitando la Sociedade Pública de Investimentos (SPI), que cree que también se podrían completar antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno del PPdeG.
Por ello, demanda a Caride y al presidente de la Xunta en funciones, Emilio Pérez Touriño, que paralicen "inmediatamente" las "adjudicaciones masivas" y "dejen este tipo de decisiones para el próximo Ejecutivo" –"tal y como hicieron sus antecesores", dice–.
Rueda también siembra dudas acerca del "trasfondo" de esta actuación que califica de "anómala" y dice que espera que "el PSOE no esté utilizando" Política Territorial "para tratar de hacer caja y pagar favores políticos contraídos en la reciente campaña electoral".
Finalmente, el número dos de los populares recordó que hay cuatro imputados por la adjudicación "irregular" de la Autovía do Barbanza, sobre la que insiste en que "pesa la sospecha de un sobrecoste de 30 millones de euros".