Hay que recordar que Matsa era la empresa en la que trabajaba su hija como apoderada y con poderes específicos para la obtención de subvenciones en el momento de los hechos. De aceptarse los razonamientos jurídicos de los populares, el TSJA aprobará la nulidad del acuerdo adoptado el 21 de julio de 2009 por el Consejo de Gobierno de archivar las actuaciones previas a que dieron lugar el escrito presentado por el PP sobre la subvención a Matsa.
En tal caso, habría que ver por el informe de la Inspección General de Servicios no apreció indicios de infracción en la conducta de Manuel Chaves. Los populares creen que en la subvención a Matsa tuvo lugar una infracción «muy grave» por parte de Manuel Chaves, que podría conllevar la pena de entre los 3 y los 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.
Tras los hechos, el PP presentó la correspondiente denuncia ante el Consejo de Gobierno, interesando la incoación de expediente sancionador a Don Manuel Chaves González. La denuncia presentada dio lugar a la apertura de las actuaciones previas 09/420, dictándose finalmente el Acuerdo de 21 de Julio de 2009 por la que se determina no incoar expediente sancionador, acuerdo que se recurre en el presente procedimiento. Tal acuerdo se basaba en un informe en el que se estudiaba la posible obligación de inhibición del Sr. Chaves y se concluía que el Sr. Chaves no incurrió en tal obligación. Pero la demanda se fundamenta en que el informe de la Junta que salvó a Chaves de un expediente sancionador insólito en la historia de la democracia española se fundamenta en dos premisas erróneas.
La primera es que la Administración de la Junta estaba obligada a conocer la actividad de Paula Chaves Iborra en la empresa MATSAU y que no tuvo tal conocimiento porque la empresa no lo comunicó. Pero para el PP, no es la Administración quien tiene la obligación de conocer tal situación, sino que correspondía tal obligación a Manuel Chaves, siendo él quien de motu propio debía haber comunicado tal situación de relación familiar a la Administración y, en consecuencia, abstenerse de intervenir en la adopción del referido acuerdo.
Por tanto, el hecho de que la Administración conociese o no tal circunstancia familiar resulta irrelevante, por cuanto precisamente para ello cuenta con la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador contra el funcionario o el alto cargo público que no cumplió con las obligaciones que le son exigibles legalmente.
La segunda premisa es que la Sra. Chaves Iborra intervino en el expediente de concesión de incentivo a MATSAU con posterioridad a la intervención de su padre en el mismo. Sin embargo, la Sra. Chaves era responsable y encargada del departamento que tramitaba y gestionaba tal asunto, subvención o incentivo y expresamente, desde julio de 2007, antes incluso de que se presentara la solicitud de incentivo.
Las claves de un comportamiento contrario a la ética
Hasta abril de 2007 el sector minero estaba excluido del ámbito de aplicación del incentivo concedido, sin embargo con fecha 30 de Abril de 2007 se modificó la normativa existente al respecto y se incluyó expresamente la actividad minera. Además, la concesión del incentivo por parte de la Junta de Andalucía exigía que se tratara de proyectos no iniciados antes de la presentación de la solicitud, requisito que no cumplía MATSAU. Sin embargo finalmente se concedió el incentivo a MATSAU pese a que ya se había iniciado la ejecución del proyecto al tiempo de presentarse la solicitud del mismo.
Durante la tramitación de la solicitud se modificó la normativa que regulaba los incentivos suprimiendo las limitaciones existentes con respecto al sector minero y aplicándose a las solicitudes que se hubieran presentado con arreglo a la normativa anterior.
Pese a que Paula Chaves contaba con un poder de representación amplio otorgado por MATSAU a su favor en octubre de 2008, la hija de Chaves utiliza en su relación con la Administración un poder posterior, otorgado con fecha 14 de Enero de 2009 y que no estaba inscrito en el Registro Mercantil al tiempo de ser aportado en el Expediente.
Este es el poder de Paula Chaves y su fecha real:
Manuel Chaves conocía el trabajo que desempeña su hija en MATSA no sólo por la relación de parentesco que les une, sino porque, además, participó en calidad de Presidente de la Junta de Andalucía en la inauguración de la mina con fecha 07 de noviembre de 2007, de lo que hay incluso fotos. Pero Chaves no se inhibió de participar en la formación de la voluntad del Consejo de Gobierno que dio origen al acuerdo sobre la concesión del incentivo de 10 millones de euros a MATSAU