El Estatuto catalán “comienza proclamando la existencia de una nación y reclama para sí las competencias de un estado”. La frase es del por entonces, y como ahora, jefe de la oposición e iba dirigida al anterior, y actual, presidente del Gobierno justo el mismo día en el que el polémico texto llegaba al Congreso de los Diputados para ser admitido a trámite, allá por noviembre de 2005.

El motivo esgrimido por Mariano Rajoy para oponerse al Estatuto no dejaba lugar a dudas: “es inconstitucional”, y por ello lo recurrían ante el Tribunal Constitucional y llevaban acabo la mayor recogida de firmas de la historia. Cuatro millones de conciudadanos dijeron “no” a la carta magna catalana.

"Ahora toca mirar al futuro"

Cuatro años después de presentado el recurso, y con la mayor parte del Estatuto avalado, los populares respiran aliviados por el fallo, y se afanan en pasar página cuanto antes. “Ahora lo que toca es mirar al futuro con ánimo de concordia y recuperar los grandes consensos de la Transición que nunca se debieron de haber perdido”, arguyó Rajoy en la American Business Council.

Y es que, según el líder del PP, el Estatuto catalán, con los retoques del TC, ya acata las reglas del juego, por lo que la consigna ahora es “no dar más guerra” y, a falta de un estudio más exhaustivo, no presentar nuevos recursos.

“El TC cumplió la función que le marca la Constitución, adoptó su decisión con independencia, estimó parcialmente el recurso del PP y mejoró aspectos muy importantes del estatuto”, sentenció Rajoy, para quien lo que toca es responder con “responsabilidad y serenidad” y “acatar” el fallo del Alto Tribunal.

“Como si no hubiera ocurrido nada, y como si el Estatuto ya fuera constitucional”, se queja un veterano parlamentario popular, en conversación informal con Libertad Digital. Lo cierto es que tanto la decisión del TC como la respuesta oficial del partido dejan un sabor agridulce de puertas para adentro.

Las elecciones catalanas

Una puesta en escena de perfil que tiene una razón primordial: las elecciones catalanas que se celebrarán después de las vacaciones de verano y la intención del PP de ser clave en el gobierno autonómico que salga de la cita con las urnas. “Llegará el momento en el que tendremos que negociar con CiU y este asunto lo único que hace es perjudicarnos”, reconocen fuentes del partido a nivel regional.

Toda una declaración de intenciones que no quita para que la formación se ponga la medalla de lo que sí que ha conseguido, y a ello se afanó el equipo jurídico, capitaneado por Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, en una reunión en Génova con los periodistas habituales de la casa.

Varios fueron los puntos puestos encima de la mesa. El primero, y más importante a juicio de los populares, es que el Constitucional estimó parcialmente su recurso y, por lo tanto, nadie les podrá negar que han contribuido “a mejorar la seguridad jurídica de los catalanes y a garantizar que sus derechos se ejercen dentro de la Constitución”.

En este sentido, destacan que, si bien no desaparecen los términos “Cataluña como nación” y “realidad nacional de Cataluña”, el Alto Tribunal estima que “carece de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo”.

Los cálculos de Génova: 44 artículos afectados

En total, Génova considera que el TC ve inconstitucionales y, por lo tanto, nulos aspectos en catorce artículos, que a su vez contaminan a otros 30. En total, 44 artículos afectados, además de unos cincuenta preceptos.

“Es una barbaridad jurídica y un intento de engañar decir lo contrario”, apuntaron Sáenz de Santamaría y Trillo en la reunión. La clave ahora está, según afirman, en la postura que tome el TC sobre aquellos puntos que necesitan de “interpretación” para que sean plenamente constitucionales.