El Mundo publicó este domingo una noticia según la cual la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que eliminase del sumario una conversación del "número dos" de la trama, Pablo Crespo, en la que niega a su abogado que se hubiese regalado trajes a Camps. Finalmente, la conversación, obtenida mediante el mecanismo ilegal de grabar diálogos entre cliente y abogado, no se eliminó.

El PP hizo declaraciones con celeridad de la noticia y de la conversación entre Crespo y el letrado, que también recogían este domingo ABC y La Razón. En una comparecencia ante los medios, Soraya Sáenz de Santamaría apuntó que el contenido "exculpatorio" de esas conversaciones "no ha estado nunca" en los autos que la Audiencia Nacional remitió a Valencia, donde se continuó el procedimiento y, por ello, cree que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, tiene que comparecer con carácter urgente en el Congreso y explicar "estos intentos de manipulación".

Conde Pumpido, dijo la portavoz del PP, conocía la existencia de estas conversaciones que exculpaban a Camps, y "es el mismo" que, sin embargo, recurrió ante el Tribunal Supremo la decisión judicial de archivar la causa, "y lo hizo, entre otras cosas, porque se lo dijo María Teresa Fernández de la Vega".

En alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno, Sáenz de Santamaría afirmó que en democracia el Ejecutivo "no tiene que dar instrucciones" ni a la justicia ni al fiscal y tampoco "es ético" ordenar el archivo de un procedimiento cuando, según la portavoz popular, conocía que había datos en el sumario, que dejaban a Camps fuera de la trama Gürtel.

Subrayó que resulta "intolerable" que la Fiscalía, en lugar de dedicarse a "buscar" la verdad y la justicia, se emplee en "atacar" al PP y defender los intereses del PSOE.

Así, mencionó cómo ha protegido al vicepresidente tercero Manuel Chaves en el asunto de las ayudas públicas concedidas a la empresa en la que trabaja su hija durante su etapa como presidente de Andalucía o se ha empeñado en "tapar las vergüenzas" del anterior director del CNI, Alberto Sainz, a quien acusó de utilizar dinero público para fines privados.

La reacción del Gobierno valenciano

Mientras, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, afirmó que, en torno a la trama Gürtel, ha existido "un complot, una cacería política en la que se han utilizado las instituciones públicas para perjudicar a la Generalitat".

Paula Sánchez de León insistió en que "así se está demostrando por sí solo con la apertura parcial del secreto de sumario y eso es intolerable". Además, subrayó que "se corrobora, una vez más, que el presidente de la Generalidad, Francisco Camps, siempre ha dicho la verdad". Aludía, como Soraya, a las informaciones de El Mundo respecto a la actuación de la Fiscalía Anticorrupción ante una conversación que exculparía a Camps del asunto de los trajes. Las fiscales del caso habrían pedido a Garzón que la extrajera del sumario aunque finalmente no se eliminó.

Sánchez de León aseguró que, desde el Ejecutivo valenciano, no consentirán, "por respeto con los españoles y con los valencianos, que siga prevaleciendo la mentira, la utilización de las instituciones y la quiebra del Estado de Derecho y la democracia".

Por ello, resaltó que "la responsabilidad del Gobierno valenciano con los ciudadanos hace que pongamos de manifiesto que en todo este proceso y durante todos estos meses la Generalitat ha sido víctima de diversos intereses". "Esa es la realidad y así se está demostrando", sentenció.