En el documento del Grupo Parlamentario Popular, se pide “rectificar la política económica” aplicada hasta la fecha y llevar a cabo una actuación “decidida y coherente”. Aunque las medidas incluidas ya han sido anunciadas en los últimos tiempos por el partido presidido por Mariano Rajoy, en el nuevo documento están más definidas que las simples llamadas a “bajar impuestos” o reducir el déficit echas hasta ahora.
Esta propuesta ha sido filtrada este martes al diario El Mundo. Libertad Digital se ha puesto en contacto con fuentes del Partido Popular, que no han querido confirmar ni desmentir la validez del documento.
Los dos principales epígrafes hacen referencia a la “sostenibilidad de las finanzas públicas” y a la reforma fiscal. En el primero, el PP pide una “reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria” que establezca “techos de gasto y endeudamiento” para todas las Administraciones Públicas. Además, pide la modificación del Plan de Acción Inmediata para que el recorte del gasto público alcance los “10.000 millones de euros” este mismo año.
Además, este recorte del déficit y la deuda pública es compatible, para el PP, con una reforma fiscal que logre un “sistema tributario justo” que permita “rebajas selectivas de impuestos. En esta parte del documento, las más concreta y prolija, los populares piden la “derogación de la subida del IVA y de la imposición sobre el ahorro del IRPF” prevista para el verano, la “reducción en dos puntos de la cotización a la Seguridad Social”, la rebaja en “cinco puntos” del Impuesto de Sociedades para PYMES y el establecimiento del tipo hiperreducido de IVA para actividades intensivas en mano de obra” (como fontanería, electricidad o carpintería).
El resto del documento es menos concreto y hace referencia a objetivos generales como la “reestructuración del sistema financiero” (pide “facilitar las fusiones entre cajas”) y avanzar en la “competencia y unidad de mercado” (garantizando la independencia de los órganos reguladores).
En cuanto al mercado de trabajo, el PP pide “luchar contra la dualidad” mediante un “nuevo contrato indefinido” que amplíe los colectivos que puedan beneficiarse del mismo. También aboga por la colaboración público-privada en los servicios de empleo, esto es, la entrada a las ETT junto al INEM en las labores de búsqueda de empleo desde el sector público.