(Libertad Digital)  En su escrito, el PP señala que Garzón decidió tomar nueva declaración al sastre el 13 de marzo "preguntándole de nuevo, a tenor de lo reflejado en los medios de comunicación, sobre los hechos en que se asienta la posible implicación de algunos de los aforados", en referencia al presidente de la Generalidad valenciana, Francisco Camps.

El primer partido de la oposición señala que José Tomás "concedió al diario El País una entrevista el 15 de marzo en la que revelaba buena parte de sus declaraciones ante el juez instructor y, en consecuencia, ponía de manifiesto cómo el grueso de las preguntas que le formuló Garzón y las respuestas que él dio venían referidas a la compra de trajes por parte de algunos de los aforados".

Con ello, prosiguen los 'populares', se constata "claramente" que "no se respetó la obligación de abstenerse de realizar nuevas diligencias de instrucción respecto de los aforados por parte del juez instructor", sino que siguió "citando a testigos y, al parecer, interrogándolos sobre los hechos remitidos a los Tribunales Superiores de Justicia".

Según el PP, con esta actuación Garzón ha comprometido "la validez de todo lo instruido" porque, a su entender, carece "total y absolutamente de competencias para ello". "Eso supone, a juicio de esta parte, una conducta constante y consciente absolutamente contraria a la legalidad establecida, y por lo tanto, que puede incardinarse en los hechos típicos propios del delito de prevaricación", sostiene.

El Partido Popular justifica también esta ampliación de la querella en la ocultación de "información relevante". Así, recalca que en los autos dictados por Garzón se pretendía hacer ver que "el elemento determinante para proceder a la inhibición era el informe de la UDEF, al menos en lo que se refiere a la presunta implicación delictiva de los aforados ante el TSJ de Valencia".

Sin embargo, los 'populares' subrayan que esa afirmación "no resulta cierta porque ya con anterioridad se había considerado por el propio juez instructor que existían indicios suficientes de delito contra algunos aforados, y así lo habían reconocido en alguna resolución".

En este sentido, cree que "resulta muy interesante destacar" cómo en estos autos de inhibición en los que Garzón hace una cronología detallada de los hechos desde que asumió la competencia "se produce un salto en dicha cronología para ocultad deliberadamente la existencia y contenido del auto de fecha 13 de febrero dictado por el juez instructor con el fin de rechazar la solicitud de personación formulada por el PP".

"¿Por qué el señor Garzón no mencionaba en absoluto este auto en su resolución de inhibición? --se pregunta-- Porque si lo hiciera, quedaría desbaratado todo el planteamiento que desarrolla en su nuevo auto, en el que pretende hacer ver que los indicios de responsabilidad penal de los aforados sólo nacen con el informe que él mismo solicita 'ad hoc' a la Policía cuando ya estaba cuestionada su competencia, lo que resulta a todas luces incierto a la vista del contenido del auto de 13 de febrero. Por eso oculta que dicho auto fue dictado y lo que en él se decía al respecto".

El PP estima que estos hechos son "reveladores del ilegal mantenimiento de la competencia por parte del juez Garzón desde hacía semanas y del intento posterior de justificar ésta cuando debió inhibirse mucho tiempo atrás". Por todo ello, el Partido Popular pide al Tribunal Supremo que admita la ampliación de hechos en la querella criminal que presentó el pasado 25 de febrero contra Garzón por un delito de prevaricación y otro contra los derechos individuales de los ciudadanos, y que fue ampliada más tarde por otro delito de revelación del secreto de sumario.

A este respecto, la portavoz popular puso de relieve las "contradicciones" en las que ha caído Tomás, al que, según algunas informaciones, la empresa para la que trabajaba, Forever Young, le despidió por facturar "doble".

"En España rige la presunción de inocencia y cuando uno acusa a alguien de algo debe tener pruebas y acreditarlas. Uno no tiene que ir defendiendo su inocencia, sino que otros tienen que probar su culpabilidad", defendió Sáenz de Santamaría. Además, subrayó que su formación va a abogar por que en nuestro país siga funcionando la presunción de inocencia y que ésta dure "hasta que una sentencia diga lo contrario".

"El PP va a trabajar para que la presunción de inocencia no se convierta en una presunción de culpabilidad que obligue a todo el mundo a ir defendiéndose", sostuvo.

Preguntada por los trajes de Camps y por cómo suele ella efectuar sus pagos, Sáenz de Santamaría ha dicho que, pese a que no tiene "ningún problema en decirle esas cosas, "nunca" pensó que le fueran hacer preguntas "de esta naturaleza" en el Congreso de los Diputados.

La soledad del Gobierno

En otro orden de cosas, ha dejado claro que está dispuesta a hablar "con quien sea" para negociar iniciativas en el Congreso que refuercen su tarea de "oposición constructiva" ante la "inactividad" y "soledad" del Gobierno en una situación de grave crisis económica.

"A mí no me van a doler prendas para hablar con quien sea para que en este Parlamento se debatan medidas constructivas para sacar a España de la crisis", ha justificado la portavoz del grupo popular.

Sáenz de Santamaría ha insistido en que su grupo está dispuesto a "sustituir" al Ejecutivo socialista ante su "inactividad y soledad" y ha reafirmado que el PP seguirá presentado iniciativas porque ante la crisis económica a ella le gusta "arrimar el hombro" presentando "papeles" en el Registro del Congreso.

De paso, ha subrayado que aprecia gran "receptividad" en los otros grupos con los que negocia sus iniciativas y mucha "responsabilidad" ante la crisis, más incluso que en el Gobierno.