El equipo jurídico del PP que coordina su responsable de Justicia, Federico Trillo, lleva toda la semana trabajando en esta demanda, de cuyo contenido detallado informarán este viernes a los medios de comunicación.

En un comunicado, el PP recuerda que desde que se desató el caso Gürtel –en un principio conocido por el caso Cacería por la coincidencia en una jornada cinegética del juez instructor Baltasar Garzón, el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el jefe de la Policía Judicial, el día antes de que se desatara el escándalo- denunció su situación de indefensión por las filtraciones periodísticas del secreto del sumario. Curiosamente, dichas filtraciones siempre han sido a los medios de comunicación del grupo Prisa, próximos al PSOE.

Destaca el PP que el secreto sumarial previsto en la legislación española tiene 2 justificaciones:

• Garantizar la eficacia judicial y de la instrucción. (Debe ser limitado porque contradice el principio general de contradicción del proceso)
• Garantizar la salvaguarda de los ciudadanos ya que evita que de una simple investigación pueda derivarse una presunción de culpabilidad.

En opinión del PP, "a estas alturas, no parece que el secreto sumarial – el más largo de la historia- siga teniendo justificación alguna. Después de meses de grabaciones telefónicas, de decenas de registros y mientras los presuntos culpables siguen en prisión, no parece justificado el secreto sumarial".

Por ello considera que  este caso, el secreto sumarial se ha convertido "en un elemento objetivo de indefensión para las personas implicadas. No han sabido qué acusaciones formales había contra ellos y sí han visto todo tipo de violaciones del secreto sumarial, filtraciones parciales dirigidas a incriminarles en un juicio paralelo y cuya veracidad no han podido contrastar los afectados".

El PP muestra especial indignación por lo sucedido el domingo cuando El País publicó, "convenientemente manipulada", una conversación en la que implicaba a Rita Barberá en el caso Gürtel.  "Ese informe, cuyo resultado exculpatorio para Barberá, se omite, ni siquiera forma parte del sumario. Se trata de una operación deliberada, sin trascendencia penal alguna, de nulo interés informativo y cuyo único objetivo es deteriorar la imagen pública de la alcaldesa" de Valencia.

El PP señala directamente al Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, y a la brigada de Policía Judicial, que realizó el pinchazo telefónico, como responsables de la filtración, "toda vez que la grabación no formaba parte del sumario por decisión expresa del juez". "Lo ocurrido el pasado domingo es el paradigma del juicio paralelo… y torticero, habría que añadir. Algo que carece de relevancia penal se hace público con el expreso deseo de crear un estado de opinión".

Según el PP, con estas prácticas, además de dañar personalmente a los afectados, se pretende menoscabar la independencia del juez creando "confusión y falsas expectativas" para influir en el ánimo del juez. En su opinión, "ese ha sido desde el principio el espíritu que ha animado este tipo de filtraciones: crear la imagen engañosa contraria al PP".

"La decisión de la fiscalía anticorrupción de investigar las filtraciones viene a dar la razón a las quejas el Partido Popular", dice el PP, que califica de "triste" que el Ministerio Público no haya actuado de oficio ante la gravedad de los hechos que se estaban produciendo, y sólo lo ha hecho a raíz del comunicado hecho público por el PP el pasado domingo. En su opinión, Conde Pumpido pretende ahora lavar su responsabilidad y trasladarla al Ministerio del Interior, al que considera "cuando menos, cómplice por omisión en una gravísima vulneración del estado de Derecho".

"El PSOE vuelve a las andadas de su peor historia al utilizar los mecanismos legítimos del Estado de Derecho al servicio de un interés puramente partidario", acusa el PP.

El PP justifica su inacción en el caso de algunos implicados como Bárcenas y Camps en que las acusaciones no se han demostrado, mientras que en los casos en los que ha actuado –implicados del PP de Madrid- ha sido porque las "sospechas han venido sustentadas en indicios más sólidos o se refieren a delitos particularmente graves".

"No hay un rasero único porque no hay una conducta única: cada caso es distinto por la gravedad de los hechos o la consistencia de las sospechas. No hay nada más injusto que tratar por igual a quienes son diferentes, también en el asunto que nos ocupa. El “rasero único” que algunos proponen y defienden es un elemento que, en contra de lo que pudiera parecer, sólo garantiza la injusticia", se justifica Génova. 

Y concluye: "Nuestros adversarios pretenden hacer una causa general, nuestra obligación es no dejarnos enredar en su estrategia".