El Partido Popular ha enviado este lunes al resto de fuerzas políticas una propuesta para comprimir el desmesurado gasto electoral que pasa por tres medidas fundamentales: reducir en un 30% los gastos y subvenciones, disminuir en hasta un 25% los mailing y rebajar en un 20% los gastos en publicidad exterior limitándola a los quince días de campaña.
La encargada de elaborar el documento ha sido la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, que ahora espera la respuesta de los partidos políticos, y en especial del PSOE. El objetivo final es presentar una Proposición No de Ley.
Cambios en el Tribunal de Cuentas
Además de las tres medidas anteriores, el PP también considera necesario “agilizar la labor de fiscalización del Tribunal de Cuentas”, extremo que deja abierto para negociar con las formaciones.
En este sentido, la vicesecretaria general de Organización asegura que “la delicada situación económica por la que atraviesa nuestro país requiere de serios ajustes para reducir la deuda y el déficit público y los partidos políticos debemos ser los primeros en dar ejemplo”. Y estos estarían englobados en la propuesta de su partido.
“No podemos estar pidiendo sacrificios a los ciudadanos y que éstos vean que los partidos políticos gastamos y gastamos un dinero en publicidad, anuncios y propaganda, llenamos las calles de nuestras ciudades de cartelería cuando el Gobierno está congelando las pensiones y rebajando el sueldo a los funcionarios”, añadió Mato, según recoge una nota de la formación.
Los debates electorales y los mítines
En este sentido, la numero tres del partido propone aprovechar las oportunidades que ofrecen tanto los nuevos soportes tecnológicos como las nueves redes sociales, así como potenciar los debates electorales en medios de comunicación. Punto este que gusta especialmente en la sede nacional de los populares, si bien no dan más detalles en este sentido. Tampoco hacen referencia específica a qué hacer con los mítines.
A la espera de que los partidos contesten, Mato hace un llamamiento al consenso habida cuenta de que la iniciativa plantea una reforma de la Ley Orgánica. Además, pide que las reducciones no se limiten al ámbito estatal, sino que se extienda a las Comunidad Autónomas.