El empresario hotelero José María Rossell, fue detenido el pasado sábado en el aeropuerto de Lanzarote y salió ayer martes de los Juzgados de Arrecife, después de pasar más de tres días detenido. Tras tomarle declaración durante horas, el juez César Romero Pamparacuatro le ha dejado en libertad con cargos, imputado por blanqueo de capitales y/o insolvencia punible. Según la UCO, sería uno de los testaferros que, presuntamente, habrían ayudado al político Dimas Martín a ocultar a la Justicia un patrimonio de 8,5 millones de euros. Además, también se investigan otros presuntos delitos. Herrero ha distinguido entre cohecho y extorsión para explicar su defensa de la presunción de inocencia de Rossell. Herrero aludió a que entre el delito de cohecho y la extorsión, va “el filo de un cuchillo”.
En España y, especialmente en Andalucía, ha sido una desafortunada y escasamente castigada costumbre de "pay per do", pagar por hacer, es decir, pagar al funcionario o político de turno para obtener algo que podría ser incluso legítimo y corresponderle a uno en justicia. Está reciente el caso Mercasevilla en el que altos cargos del PSOE en la empresa exigieron a dos empresarios el pago de una suculenta comisión a cambio de obtener para ellos una gran subvención de la Junta de Andalucía.
Herrero parece tener en cuenta esa realidad, que hunde sus raíces temporales en el caso Filesa y otros de la época de Felipe González en la presidencia del gobierno, cuando ha animado a distinguir entre cohecho y extorsión. La diferencia esencial de estos delitos que se contemplan en el Código Penal Vigente es que en el cohecho, por ejemplo, un funcionario pide u obtiene dinero o dádiva de un funcionario, pero ambos intervienen el los hechos de manera voluntaria y por ello, ambos son culpables del delito.
Sin embargo, en la extorsión, un funcionario, por seguir con el ejemplo, puede obligar a un empresario a perjudicar gravemente su patrimonio mediante el pago de alguna cantidad. En este caso, el pago se hace de manera forzosa y el empresario en cuestión no sería delincuente sino víctima.
Hasta que termine la instrucción de la causa, el empresario tiene la obligación de comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
Rossell, marido de la senadora del PP Mar Agüero, es dueño del grupo Hoteles Playa, con fuerte arraigo en Andalucía. Además, es propietario del hotel Playa Verde de Costa Teguise y también inició las obras para un nuevo establecimiento hotelero en esa zona, aunque los trabajos fueron paralizados por la Justicia. La licencia había sido concedida por el alcalde de Teguise, en aquella época militante del PIL, Juan Pedro Hernández.
José María Rossell es uno de los grandes hoteleros andaluces. Su grupo, Playa Senator, gestiona 29 hoteles por toda España con alrededor de 7.000 camas de oferta. Es el líder andaluz del sector y está entre los 15 primeros de España.