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El presidente de la Diputación de Cádiz llama nazi al PP y suspende el pleno

Después de insultarles decidió levantar la sesión y marcharse. Los populares piden la dimisión de Francisco González Cabaña porque este lamentable espectáculo empieza a ser una costumbre en los plenos de la Diputación gaditana.

Lo escribe el Diario de Cádiz. "La tensión, que se puede calificar de habitual en los plenos provinciales, llegó a su máximo cuando se discutía una propuesta popular sobre turismo".
 
Al parecer el presidente acusó a la portavoz del PP, Mercedes Colombo de tener "el espíritu del nacional socialismo y de pensamiento único", lo que hizo saltar al diputado José Antonio Liaño: "Usted nos ha llamado nazis", dijo exaltado. Colombo aseguró que va a llevar a los juzgados a Cabaña. "No puede insultar cuando quiera a los miembros del PP", se defendíó.

Cabaña respondía explicando el porqué de su comportamiento: "Desde que Onda Cádiz llega a Benalup y veo las barbaridades en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz soy peor presidente. Ahora con la TDT, que ya no llega, lo haré mejor"

Pero hubo más insultos y broncas. Cabaña suspendió la sesión al parecer por los "insultos" que profirió algún miembro de la plataforma contra la diputada socialista María Naval. El barullo consiguió bloquear todas las propuestas, ni la que presentaba IU para que el pleno rechazara el proyecto en aguas en Chipiona, ni la del PP para un plan de emergencia por las inundaciones. A lo mejor era exactamente eso lo que quería González Cabaña, se preguntaban luego los miembros del PP.

Según el PSOE, la diputada socialista María Naval había solicitado su amparo tras escuchar "reiterados insultos" de la esposa del presidente del PP de Chipiona, Pedro Valdés, y militante de dicha organización, algo que negaba luego Valdés a los periodistas. Naval aseguró que esta persona "había escupido al suelo, en un gesto que revela su desprecio al máximo órgano de la institución provincial" y que hubo comentarios dirigidos al portavoz de IU, José Antonio Barroso. "Levantan la sesión por supuestos insultos cuando cinco minutos antes se estaban despellejando entre ellos", criticaba el portavoz de la plataforma anti-eólica Rafael López.

La reacción del Partido Popular fue pedir la dimisión de González Cabaña por la "conculcación de derechos a la que nos tiene acostumbrados". Colombo recordó que el presidente socialista no levantó el pleno en el que los diputados populares pidieron su amparo por los insultos de los trabajadores de Diputación en una protesta, un asunto que llevaron al juzgado, y "en el de hoy -por ayer- eran cinco personas y en ningún momento oímos en alto ningún insulto".
 
Dijo que han pedido el acta al secretario de la institución para estudiarla para futuras acciones judiciales porque "no sabemos en que artículo del reglamento se basa para suspender la sesión" y porque "puede existir hasta prevaricación". El equipo de gobierno también se ha reservado "su derecho a emprender acciones judiciales a tenor de lo vivido" y ha defendido que el presidente "resolvió dar por finalizado el Pleno conforme a sus atribuciones reglamentarias".

Manuel Prado, diputado andalucista, ha denunciado  la "tensión" que se vive en los plenos de la Diputación, donde "las descalificaciones están dando paso a los insultos en las sesiones". Los andalucistas creen además que el presidente "se ha extralimitado en sus funciones" porque lo que indica el reglamento en estos casos es "que se desaloje a los perturbadores y no a los diputados".

El Pleno aprobó una moción conjunta de apoyo a las almadrabas y por unanimidad salió adelante una moción de IU contra la idea de alargar a los 67 años la edad de jubilación. Su moción contra el parque eólico -ya el Pleno de octubre rechazó una parecida del PA aunque no estuvieron los representante de IU- ha quedado aplazada para la próxima sesión.

Cabaña y sus cosas: dinero y dictadura interna

Recuerden que la Diputación de Cádiz, presidida por el socialista Francisco González Cabaña, iba a subir el sueldo de sus altos cargos en 1.200 euros al mes nada menos a finales de 2006. Contó El País que González Cabaña compareció para anunciar la suspensión del acuerdo que iba a incrementar los salarios de los diputados provinciales con dedicación exclusiva, entre ellos él mismo, y algunos altos cargos en unos 1.100 euros brutos más cada mes. "Asumo toda la responsabilidad. Fue un error plantear de una tacada la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2001. Resultaba escandaloso", admitió el máximo responsable del organismo provincial."

Pero se calló que fue elegido miembro del Consejo de Administración de Unicaja con la categoría de Vicepresidente no ejecutivo y que cobraría al año unos 25.000 euros al año sólo en dietas. 

En 2009, el comité ejecutivo provincial del PSOE que dirige Cabaña, que es secretario general, abrió expediente a cuatro de los militantes críticos que habían conformado las dos listas alternativas a la de Federico Pérez Peralta, secretario local del partido en Cádiz. Tras esta decisión, estaba el interés de "eliminar" a la oposición interna y, de paso, silenciar aun blog crítico con la dirección socialista del PSOE de Cádiz.

Ahora, gente de su confianza se dedica a amenazar velada o abiertamente a José Antonio Griñán por su deseo de renovar el PSOE empezando por Cádiz, con lo que muchos de los privilegios que ha disfrutado el clan de Alcalá llegará a su fin.

Los hermanos Cabaña y la Justicia

Y no se olviden de que en un caso de facturas falsas y un fraude multimillonario, aparecieron inicialmente los hermanos del actual presidente de la Diputación, secretario provincial del PSOE y alcalde de Benalup, Francisco González Cabañas. Se llamaba la operación "Quercus",  y tiene su origen en la Sierra de Cádiz, territorio ‘caliente’ donde se están dando grandes negocios inmobiliarios (viviendas y campos de golf), obras de infraestructura y lugar de paso de las mafias del narcotráfico.

Pepe Contreras en su blog, lo contaba así: "El caso de la trama de las facturas falsas de Benalup, que afecta de lleno a los intereses y reputación de grandes empresas españolas de construcción y que se instruye en tres juzgados gaditanos (dos de Chiclana y uno de Cádiz), está ya pendiente de calificación fiscal. El PP se personará en las tres actuaciones judiciales(dos en Chiclana y una en Cádiz) ya que las actividades supuestamente ilícitas afectan a grandes infraestructuras públicas. Según fuentes judiciales, el volumen final de lo defraudado podría pasar de los 35 millones iniciales a más de 50 millones de euros.

La edición andaluza de El Mundo publica una amplia informaciónal respecto. Por medio, no solo grandes empresas constructoras sino también otras, pequeñas y medianas con múltiples intereses en los municipios gaditanos, en especial por aquellos del Parque de los Alcornocalespor donde discurre la autovía a 381.

En 2004, la Agencia Tributaria, fijó el fraude en 35 millones de euros, pero sólo correspondía al análisis de las facturas de 4 de las 50 empresas sospechosas. El fraude se produjo, según todos los indicios, en torno al gran volumen de negocio generado por la construcción del gasoducto del Magreb y de la autovía de Jerez a Los Barrios, prácticamente terminada. Empresas “fantasmas” emitieron facturas falsas, por las que, además, cobraban comisiones y otras conseguían deducciones fiscales del 16 por ciento en el Impuesto de Valor Añadido y del 35 por ciento en el de Sociedades.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Cádiz ha remitido ya al Ministerio Fiscal el expediente de la primera fase de la instrucción del Procedimiento Abreviado 34/2004, en el que se han visto inmersos Manuela y Pedro González Cabaña, hermanos del presidente de la Diputación de Cádiz, secretario general del PSOE, Francisco González Cabañas, que es también alcalde de Benalup-Casas Viejas, municipio en el que se asienta la venta desde donde, al parecer, la organización había centralizado sus actividades “mercantiles”.

La empresa Transportes y Canteras NSTSL -creada por los familiares del alcalde, pero administrada luego por Gabriel y Sonia Orellana- según consta en el informe elaborado por la Agencia Tributariae incorporado a las diligencias, pudo realizar facturas falsas por importe superior a los dos millones de euros, aunque la cantidad podría ser mayor. El informe sobre presunto delito de falsedad documental analiza los ejercicios 2000 y 2001 y va dirigido contra los Orellana
 
 
 
 

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